En días recientes escuché a un analista afirmar que la estrategia de Estados Unidos para Venezuela consistía en una «transición a fuego lento». La expresión me llamó la atención. En cocina, cocinar a fuego lento implica paciencia, control sobre el proceso y la certeza de que nadie apagará la hornilla antes de tiempo. Trasladada a la política, la metáfora supone que los cambios institucionales serán graduales, mientras que otras áreas (como la economía) avanzarán con mayor rapidez.

La idea tiene cierta lógica. Después de años de polarización inducida, una transición sin prisas podría reducir resistencias, facilitar acuerdos y evitar que las reformas políticas queden por detrás de las decisiones más urgentes para estabilizar el país. Sin embargo, mientras escuchaba ese planteamiento, la pregunta apareció por sí sola: ¿quién garantiza que la hornilla seguirá encendida durante todo ese tiempo?

La tesis de una transición lenta descansa sobre un supuesto que pocas veces se explicita: que el entorno internacional permanecerá relativamente estable durante varios años. Y, en el escenario venezolano actual, esa estabilidad depende en buena medida de la política estadounidense.

Después del 3 de enero, el peso de los factores externos sobre la política venezolana aumentó de manera considerable. Eso significa que el calendario electoral de Estados Unidos dejó de ser un asunto lejano para convertirse también en una variable de la política venezolana. Si la orientación de Washington influye sobre el ritmo y las características de la transición, entonces las elecciones de medio término de 2026 y las presidenciales de 2028 adquieren una importancia que va mucho más allá de la política interna estadounidense.

El eco de la política interna de EEUU

Aquí conviene recordar una característica del sistema político norteamericano. La política exterior suele ofrecer al presidente un margen de maniobra amplio, pero no ilimitado. El Congreso controla los recursos, supervisa al Ejecutivo y puede modificar significativamente el costo político de determinadas decisiones. Además, las elecciones de medio término suelen reducir el poder de la Casa Blanca. No es una anomalía; es casi una constante de la democracia estadounidense.

Por eso vale la pena preguntarse qué ocurriría si el partido republicano pierde la mayoría legislativa. No significa necesariamente que la política hacia Venezuela cambie de inmediato, pero sí que aumentaría la presión para justificar cada decisión, cada gasto y cada compromiso asumido con el proceso de tutela hacia nuestro país.

La incertidumbre es todavía mayor si se mira hacia 2029. Un eventual gobierno demócrata tendría incentivos para revisar parte del legado de Donald Trump, como suele ocurrir en una política estadounidense cada vez más polarizada. Sin embargo, eso no significa que toda la estrategia hacia Venezuela vaya a ser desmantelada. La historia reciente muestra que las administraciones cambian con frecuencia los métodos, el discurso y las alianzas, pero no siempre revierten los hechos consumados que han terminado consolidándose.

En realidad, el debate dentro de Estados Unidos es más complejo de lo que solemos imaginar desde Venezuela. Buena parte de la base política de Trump desconfía de los compromisos prolongados en el extranjero. El lema «America First» nació, en gran medida, como una crítica a las guerras largas y costosas de las últimas décadas. Ese mismo electorado puede respaldar operaciones limitadas o acciones dirigidas a combatir el narcotráfico o contener la migración, pero difícilmente se entusiasma con procesos indefinidos de reconstrucción política en otros países.

Del lado demócrata tampoco existe una posición única. Hay consenso en cuestionar el autoritarismo venezolano, pero también una preocupación importante por el respeto al derecho internacional, el papel del Congreso y los límites del poder presidencial en materia de política exterior. Es decir, aunque por razones distintas, tampoco allí parece existir un entusiasmo evidente por sostener una tutela prolongada sobre otro país.

Todo esto conduce a una conclusión que, paradójicamente, apunta en dirección contraria a la metáfora del fuego lento. Si el respaldo político en Washington tiene un horizonte temporal incierto, el tiempo deja de ser un recurso abundante y comienza a convertirse en una restricción.

Siendo así la cuestión no sería si Estados Unidos desea una transición lenta para Venezuela. La pregunta es si realmente puede permitirse impulsarla. Los ciclos electorales estadounidenses son mucho más cortos que los tiempos que requiere una transformación institucional profunda. Y mientras la política venezolana necesite apoyarse en un consenso que depende de elecciones celebradas cada dos y cuatro años al otro lado del continente, toda estrategia de largo plazo estará inevitablemente sometida a una dosis considerable de incertidumbre.

Los tres actores

Desde Venezuela solemos discutir el futuro preguntándonos qué hará Miraflores o qué decidirá la oposición. Tal vez haya llegado el momento de incorporar una tercera pregunta: ¿qué ocurrirá si cambia Washington? Porque si una parte importante de la transición depende de esa respuesta, entonces la velocidad del proceso no estará determinada únicamente por los actores venezolanos, sino también por un calendario electoral sobre el cual los venezolanos no tienen ningún voto.

Vamos a dejarlo hasta acá. El tiempo también juega a nivel nacional sobre la posibilidad de desplazar el actual liderazgo legitimado por la gente, el de María Corina Machado. Y colocar en su lugar a un vocero que no genere ni la confianza ni los votos suficientes para derrotar al chavismo en una elección en el año 2030, que es la fecha de los Rodrìguez. Pero desarrollarlo, necesita de un texto aparte.

(Publicado en Tal Cual)