Durante los primeros días de una catástrofe suele producirse un fenómeno relativamente predecible. Mientras la sociedad experimenta el caos, las instituciones llamadas a responder intentan producir exactamente lo contrario: orden. La población espera que aparezcan personas capaces de coordinar rescates, distribuir recursos, establecer prioridades y transmitir confianza. Esa ha sido históricamente una de las funciones de las fuerzas armadas y de los organismos de protección civil en casi cualquier país.

Lo que ha ocurrido en Venezuela, después del terremoto, parece muy diferente.

Más que una presencia organizada, numerosos testimonios describen una respuesta fragmentada, con escasa coordinación visible y una participación mucho menor de la que muchos venezolanos recuerdan durante el deslave de Vargas de 1999. Al mismo tiempo, han circulado denuncias sobre funcionarios involucrados en saqueos, utilización preferencial de recursos públicos para atender a personas cercanas o abandono de operaciones generales para resolver asuntos particulares. Cada uno de esos casos deberá ser investigado. Pero, más allá de su verificación individual, todos apuntan hacia una misma pregunta: ¿qué ocurre cuando una institución deja de comportarse como institución?

Desde la sociología política, las organizaciones estatales funcionan gracias a tres elementos que se refuerzan mutuamente.

a) El primero es la autoridad. No basta con una cadena formal de mando. Quienes reciben órdenes deben considerar legítimo que esas órdenes expresan un propósito colectivo genuino.

b) El segundo es la misión institucional. Las personas obedecen porque creen formar parte de un proyecto que trasciende sus intereses particulares.

c) El tercero es la confianza horizontal entre quienes integran la organización. Un soldado, un policía o un rescatista actúan suponiendo que el resto hará lo mismo, dado que en teoría comparten los mismos principios y valores.

Cuando alguno o varios de esos elementos desaparece, aparece un fenómeno conocido por la sociología como “anomia organizacional”. Las reglas continúan existiendo en el papel, pero dejan de orientar efectivamente el comportamiento. Cada individuo comienza a actuar según incentivos particulares porque deja de creer que exista un propósito común digno de ser preservado.

Eso ayuda a comprender por qué, en ocasiones, una institución aparentemente poderosa puede responder peor que otra con menos recursos.

Las organizaciones no se sostienen únicamente con presupuesto o armamento. También necesitan legitimidad. Durante los últimos años, Venezuela ha vivido un proceso continuo de desgaste de esa autóritas.

Las elecciones del 28 de julio marcaron probablemente uno de sus puntos de mayor intensidad. Independientemente de las interpretaciones políticas posteriores, amplios sectores de la sociedad (y presumiblemente también numerosos funcionarios públicos) percibieron que el resultado anunciado por las autoridades no reflejaba la voluntad expresada en las urnas.

A partir de ese momento, y debido a la crisis de referentes, los mecanismos extraordinarios de control y represión pasaron a convertirse en formas habituales de gobernabilidad, en una curiosa manera de ensanchar el círculo de los cómplices del fraude. Diversas organizaciones documentaron extorsiones, arbitrariedades y utilización discrecional del poder por parte de funcionarios de distintos niveles, en una tolerancia masiva y sistemática que no era casualidad. Cuando estas prácticas dejan de ser excepcionales y comienzan a normalizarse, el mensaje que reciben las organizaciones es claro: las reglas han desaparecido, la lógica que prima es otra.

Como ocurrió durante los 17 meses que Venezuela sufrió de terrorismo de Estado, como fue calificado por la CIDH, esa estrategia fortalece temporalmente el control político, pero debilita la disciplina institucional. Una organización cuya cohesión depende exclusivamente del temor termina perdiendo la capacidad de actuar por convicción.

Los acontecimientos del 3 de enero profundizaron ese proceso. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas extranjeras, la ausencia de una respuesta militar efectiva y la posterior reorganización del poder bajo tutela política produjeron un impacto difícil de medir sobre la autoestima institucional de las Fuerzas Armadas. Más allá de las posiciones políticas de cada quien, toda organización construye parte de su identidad alrededor de la percepción de cumplir eficazmente la misión para la cual existe. Cuando esa narrativa se rompe, no solo se debilita la autoridad del mando. También se erosiona el sentido mismo de pertenencia.

Max Weber diferenciaba entre el poder basado únicamente en la fuerza y la autoridad basada en la legitimidad. Pierre Bourdieu recordaba que toda institución necesita un reconocimiento simbólico para funcionar. Incluso Michel Crozier mostró que las organizaciones burocráticas se paralizan cuando desaparece la confianza en los mecanismos internos de decisión.

Lo que hoy observamos podría interpretarse precisamente desde esa perspectiva.

No se trata simplemente de que existan menos recursos o menos personal. Es posible que estemos viendo organizaciones que ya no saben exactamente para qué existen, salvo para el lucro personal de sus integrantes.

Eso ayudaría a explicar por qué algunos funcionarios utilizan vehículos oficiales para resolver asuntos privados, por qué otros permanecen pasivos frente a necesidades urgentes o por qué la iniciativa termina siendo asumida por vecinos, voluntarios y organizaciones civiles.

Cuando la institución pierde su propósito, las decisiones dejan de orientarse por la misión colectiva y comienzan a responder a lealtades personales, relaciones de proximidad o simples estrategias individuales de supervivencia.

Las catástrofes hacen visible aquello que normalmente permanece oculto

En circunstancias ordinarias, una institución debilitada todavía puede aparentar funcionamiento. Durante una emergencia de gran escala esa apariencia desaparece rápidamente. La capacidad de coordinar miles de personas bajo presión constituye probablemente la prueba más exigente para cualquier aparato estatal.

Si nuestra hipótesis es correcta, la reconstrucción que Venezuela necesitará después del terremoto será mucho más amplia que la simple reconstrucción de carreteras, hospitales o viviendas. También será necesario reconstruir instituciones. Y esa tarea presenta una dificultad fundamental.

Las organizaciones pueden recuperar recursos relativamente rápido. Lo mucho más complejo es reconstruir legitimidad, autoridad y sentido de misión mientras permanecen intactos los mismos incentivos y los actores políticos que produjeron su deterioro.

Por esa razón, la recuperación institucional no puede limitarse a reformas administrativas ni a cambios cosméticos en la estructura del Estado. El movimiento telúrico también implosionó la simulación del “nuevo momento político”. Si el modelo de gobierno que erosionó la autoridad de las instituciones permanece inalterado, cualquier intento de recomposición será parcial, probablemente efímero y mantendrá la crisis que la tragedia está visibilizando de manera dramática

Las instituciones no solo necesitan nuevos decretos ni nuevos reglamentos. Necesitan volver a servir a un poder cuya legitimidad sea reconocida por quienes las integran y por la sociedad a la que deben proteger. Aunque haya quienes quieran que no se hable del vencimiento del período constitucional de un gobierno provisional, esa conversación emergerá tarde o temprano.

La eficacia de un Estado no depende únicamente de los edificios que posee ni del número de siglas ni uniformes que despliega. Depende de que quienes visten esos uniformes vuelvan a creer que representan una institución y no simplemente una estructura de poder. Sólo nuevas autoridades con legitimidad democrática pueden abrir ese profundo proceso de reconstrucción institucional que pueda acometer, con éxito, la reconstrucción de las estructuras y los servicios en Venezuela.

(Publicado en Tal Cual)