Rafael Uzcátegui

El discurso del chavismo, repleto de lugares comunes y las muletillas de la izquierda latinoamericana, generó durante mucho tiempo expectativas entre quienes buscaban una alternativa, más humana y justa, para la humanidad. A pesar de la degradación del ejercicio de poder bolivariano y todas las evidencias sobre el empobrecimiento general de la población y la estatización de la vida cotidiana de los venezolanos, dicho espejismo no se ha evaporado del todo. Incautos, ingenios y operadores políticos de todo pelaje, con menos empuje que en los días en vida del Comandante Supremo, siguen defendiendo la gestión de Nicolás Maduro, repitiendo los desiertos de la “guerra económica” y la Constituyente.

Cada vez que hemos tenido que explicar la situación venezolana fuera de sus fronteras, tenemos que vencer los ecos de la propaganda del autoritarismo. Para neutralizar auditorios que a pesar de no vivir en el país creen estar mejor informados que tú, he recurrido a la estrategia de contar historias que, dramáticamente, hablen por sí solas. Cuando he querido neutralizar las intervenciones de quienes desean refutar que entre nosotros existe una dictadura, empiezo mi intervención relatando la historia de Juan Pedro Lares.

Juan Pedro es un adolescente de 23 años que el pasado 30 de julio, fecha de las elecciones a la Asamblea Constituyente madurista, fue detenido en su domicilio ubicado en el Municipio Campo Elías del estado Mérida. Un comando del SEBIN y la policía fueron a buscar a su padre, Omar Lares, que en ese momento ejercía el cargo de Alcalde de Ejido. La familia huye por el patio trasero, pero Juan Pedro queda atrás y es capturado por los uniformados. No había ninguna orden de aprehensión en su contra y no estaba cometiendo en ese momento delito alguno, los dos causales, que según la ley, permiten la privación de libertad. Inmediatamente fue trasladado a Caracas. Mientras su padre huía a Colombia, para evitar ser parte de los alcaldes detenidos ilegalmente, su madre Ramona comienza la peregrinación en la capital para conocer el paradero de su hijo. A pesar de haber ido varias veces a El Helicoide, las autoridades negaban que se encontrara ahí. Tanto Ramona como Juan Pedro tienen nacionalidad colombiana, por lo que fue por intermediación de la Cancillería que, semanas después, corroboraron que se encontraba en la sede del Sebin y le permitieron una primera visita, que hasta el día de hoy sólo suman 4. La detención ilegal y la negación de los derechos de cualquier preso (ser visitado por abogados y familiares de manera periódica) no son la única violación del debido proceso. La más escandalosa es que durante los 6 meses que Juan Pedro ha estado recluido en El Helicoide en ningún momento, ni en las 48 horas que dice la ley ni después, ha sido trasladado a tribunales para que un juez sea formalmente informado de los delitos que se le imputan. Repetimos: Ningún fiscal ha acusado al joven de haber cometido acto fuera de la ley, por lo que su detención constituye, nada más y nada menos, que un secuestro por parte del Estado. De esta manera el gobierno madurista, con la complicidad de los próceres de los DDHH Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, intenta obligar a Omar Lares a entregarse. ¿Cómo se llama un gobierno que actúa de esta manera?

El relato sobre el caso Juan Pedro Lares enmudece a los, cada vez menos, altavoces internacionales del chavismo. Si el gobierno de Macri o de Piñera, por decir dos nombres, violara el debido proceso de una sola persona encarcelada por razones políticas, tendríamos a la progresía regional haciendo movilizaciones y campañas por redes sociales. Pero el caso Lares no es el único. Debemos continuar, mientras tengamos voz, relatando sus historias para continuar dibujando el rostro de la ignominia. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)