El 1 de diciembre pasado, los diarios de Maracaibo publicaban en sus columnas de sucesos el asesinato de un hombre privado de libertad a manos de sus compañeros de celda. Los periodistas no escatimaron detalles: Boca abajo y con un cuchillo clavado en el ano, tras una golpiza en donde fue violado reiteradas veces y con los intestinos al aire, el cuerpo de Richard Carrillo fue encontrado sin vida por las autoridades en la celda 2A del pabellón «C» del retén El Marite de la ciudad.

Carrillo había sido acusado de ser el violador de 25 estudiantes universitarias, el mismo que desde 8 años atrás mantenía atemorizada la comunidad de La Universidad del Zulia. Pero en las vertiginosas 72 horas que mediaron entre el arresto de Carrillo y su muerte, las autoridades no tomaron en cuenta las declaraciones a su favor de sus vecinos en el barrio Ziruma, las irregularidades que rodearon a su aprehensión o la falta de pruebas que vincularan al acusado con sus víctimas. Después de ese primero de diciembre, dos estudiantes más han sido atacadas bajo el modus operandi descrito para el violador en serie, confirmando una hipótesis que ha crecido en los últimos días: Richard Carrillo era inocente.

Tras el hecho, agentes policiales y el personal de seguridad del retén El Marite afirmaron que los reos han creado e implantado una especie de pacto no escrito en el que castigan severamente a los violadores. El ritual de linchamiento opera desde mediados del 2006, y como ejemplo, los oficiales recordaron el caso de Angel Pocaterra, acusado de abusar sexualmente de seis mujeres, al cual le dieron 50 puñaladas, le introdujeron un palo por el ano y lo decapitaron, hecho ocurrido en septiembre pasado en el pabellón «B». En todos los casos el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) abre una averiguación que se topa con las mismas declaraciones de los interrogados: nadie fue, nadie vio nada. Esta sui generis ley, «justicia popular» como la reivindican algunos, forma parte del cuadro de violencia y descomposición que caracteriza a los 32 centros de privación de libertad en Venezuela. Según las estadísticas, recopiladas por el Observatorio Venezolano de Prisiones, durante el año 2006 murieron violentamente por lo menos 412 presos en el país, mientras que 982 resultaron heridos.

La población carcelaria suma las 19.700 personas, de las cuales 10.700 son procesadas sin sentencia, 7.864 están condenadas y 1.136 se encuentran detenidos bajo el régimen de destacamento de trabajo. A lo largo de ese año se registraron 51 huelgas de hambre, 10 retenciones voluntarias de familiares, la construcción de cuatro túneles y un centenar de presos se cosieron la boca como forma de protesta. Las autoridades incautaron 99 pistolas, 43 granadas, 34 escopetas, 124 revólveres, 2.712 cuchillos artesanales, 802 armas de fuego artesanales y siete bombas lacrimógenas. Para esta ONG, la existencia de una amplia mafia alrededor de las cárceles del país, detiene cualquier intento de garantizar a los privados y privadas de libertad sus derechos fundamentales.

El vía crucis del «peruano»
Richard Nilton Carrillo Troconis nació en Lima, Perú, hace 35 años, hijo de una familia de cuatro hermanos. Su padre, Leoncio Carrillo Zavala, emigró a Venezuela en la década de los 70´s atraído por la bonanza económica vivida por el país tras la nacionalización petrolera. Década y media después, la familia vuelve a reunirse, sumando 6 miembros a los 113.150 paisanos que según el padrón electoral peruano del 2005 viven en Venezuela. Richard tenía 15 años viviendo en el país, en donde su oficio más conocido era la fabricación de vasijas y esculturas artesanales alusivas a la cultura peruana. Cuando las ventas iban mal, hacía trabajos de pintura y albañilería. A mediados del 2005 pausa su vida sedentaria y se muda a Maracaibo, ocupando un inmueble del callejón Mara del barrio Ziruma. Nubes de tormenta comienzan a signar el cielo de los Carrillo: el 5 de septiembre del 2006, Leoncio Carrillo era asesinado en una unidad de transporte público en Valencia al resistirse a un asalto.

Al enterarse de la detención del «peruano», su comunidad no dudó en expresar su solidaridad y manifestarse ante los medios. Heidy Morales, quien lo conocía desde su llegada al barrio, afirmó «Richard no era ningún violador. Era un hombre sano, tranquilo y trabajador. No le faltaba el respeto a ninguna mujer y tampoco se le veía cara de sádico». Rebeca Bracho, por su parte, declaró: «Ese muchacho no era ningún violador, siempre estaba pendiente de ayudar a los vecinos que le pidieran algún favor». Cuando los periodistas se acercaron al barrio Ziruma para averiguar quien era Carrillo, alrededor de 50 personas salieron de sus casas para atestiguar a su favor.

La versión de la Policía Municipal de Maracaibo afirma que Carrillo fue detenido en las inmediaciones de la Universidad del Zulia a las 11 de la mañana del 25 de noviembre. El acta policial suscrita por el oficial Windy Medina, placa 0483, afirma que tras recibir la denuncia por abuso sexual, perpetrada por un individuo de «tez morena, contextura doble, 1.65 de estatura, pantalón marrón y camisa azul», armado con un cuchillo, logran divisar al sospechoso en la Avenida Universidad, en sentido sur-norte. Con el apoyo del oficial Néstor Ocando, placa 0760, tras la persecución y captura del presunto implicado, los funcionarios incautan un cuchillo con empuñadura de madera. Caso resuelto. Pero, una comunicación firmada por 125 habitantes del barrio Zaruma desmiente la versión policial: en horas de la tarde de ese 25, el suelo caliente de la comunidad fue transitado por dos patrullas policiales, una de las cuales con tres mujeres a bordo intentando identificar al responsable de la agresión sexual. Richard Carrillo almorzaba en casa de Isabel Lavarca y al escuchar el alboroto, se suma a la muchedumbre que preguntaba las razones de la razzia en el barrio. De la oscuridad y los llantos, una mano lo señala. Entre empujones y resistencia por parte de los vecinos, Carrillo es detenido y trasladado a la comisaría. Los testigos de la comunidad niegan que al peruano le hayan encontrado arma alguna al momento de su captura.

Camino hacia la muerte
Un día después, las autoridades organizan una rueda de prensa para presentar a los medios el violador de las estudiantes universitarias. El comisario Nelson Acurero explica, asediado por las grabadoras, que el violador poseía dos cómplices que lo trasladaban a los sitios donde seleccionaba a sus víctimas. El modus operandi, realizado a las 25 víctimas, comprendía su selección por sus características físicas: 1,65 de estatura y 22 años de edad. No es necesario ser un fanático de la serie SCI para percatarse lo que los familiares notan con estupor: el comisario manipula el cuchillo, la evidencia principal, sin ninguna protección, «contaminando» la evidencia.  El Diario Panorama publica la noticia dedicando 2 de los 12 párrafos a las protestas de los vecinos y familiares. Cuando deciden visitar la redacción del rotativo más importante de la región para ejercer su derecho a réplica, la respuesta es el silencio. La sentencia de muerte comienza a configurarse.

El mismo oficial del Acta de Detención levanta a su vez el Acta de Notificación de derechos, procedimiento mediante el cual se le informan sus derechos al detenido, con lo que su aprehensión se apega al ordenamiento jurídico. El acta, que muestra como hora de la detención las 11 y 10 de la mañana es firmada por una rúbrica que los familiares de Carrillo afirman, con pruebas en la mano, no es la verdadera. Junto a una docena de vecinos, los familiares logran entrevistarse con Nancy Acosta, la defensora pública asignada a Carrillo y ponerla al corriente de los elementos que señalaban que el proceso seguido al imputado estaba viciado de ilegalidad. La actitud de la abogada es calificada por los familiares como de «inacción»: «no hace mayores esfuerzos en pro de la defensa, simplemente deja que la Fiscalía, quienes acusan, se encarguen de demostrar su inocencia». La Asociación de Vecinos de Zaruma redacta una constancia de buena conducta de Richard, y tras ser entregada a la defensa, inexplicablemente, no se consigna al expediente. Tampoco se impugnaron las actas policiales ni se solicitó la libertad inmediata del procesado. El «peruano» caminaba directo al cadalso.

El Dr. Julio Arévalo Márquez, Juez al tanto de la causa, decide para Richard Carrillo una «Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad», a ser cumplida en el Centro de Arrestos y detenciones Preventivas «El Marite», notificándole a su director acerca que el recluso debía ser tratado protegiendo su dignidad y evitando actos de barbarie en su contra. La decapitación de Pocaterra, otro procesado por violación, era el último cromo en su álbum del horror.  Un primer oficio al respecto se entrega el 27, repitiéndose uno similar el día siguiente, en el que se reitera que Carrillo debía ser recluido en un lugar seguro, «para evitar (…) hechos pasados, sucedidos y muy lamentables que dejan mucho que pensar de las Direcciones y personal de custodia en ese recinto carcelario». La segunda misiva se redacta tras una entrevista del acusado con el juez, en dónde Carrillo literalmente le suplica que no lo enviara de vuelta a «El Marite», donde ya lo habían amenazado de muerte. Las recomendaciones del juez sólo tuvieron efecto 48 horas. Al tercer día de reclusión, miércoles 29, al finalizar el período de visitas, uno de los custodios se acerca al grupo de los Carrillo y expresa en voz alta «no te alegres tanto, que hoy te vas para la iglesia». Esa noche, el cuerpo del «peruano» era enrollado con sus propios intestinos.

La segunda muerte de Richard
La foto de los medios de ese primero de diciembre muestra a un Richard Carrillo ataviado con una camisa azul, con el rostro ladeado hacia su izquierda, y los ojos semiabiertos mirando hacia la cámara. Si la imagen se le insinúa como enigmática, la leyenda fotográfica de La Verdad le recuerda que se encuentra frente la estampa de un individuo peligroso: «Richard Carrillo es el segundo violador que asesinan en el retén en dos meses». Si una turba dentro de «la iglesia» de Marite creyó en hacer justicia por sus propias manos, las periodistas que escriben las crónicas para La Verdad y Panorama lanzan lo que queda del peruano a las fauces del escarnio público. El primero tituló «Asesinan a violador de puñalada en el ano». Panorama, por su parte, describe los hechos con una lógica que casi convierte un linchamiento en un acto de justicia poética: «Presos de El Marite estrangularon a violador de estudiantes universitarias».

Menos de un mes después, los familiares del peruano conocen, a través de la Fiscalía 6ta de Maracaibo, que existe una nueva denuncia de violación en los predios de la Universidad del Zulia. El Consulado de Perú en Venezuela ha pedido explicaciones, por los canales diplomáticos. Sus familiares acuden a diversas organizaciones de derechos humanos y diversas instancias para limpiar el nombre de Richard, siendo declarada su inocencia, y el castigo para los autores materiales e intelectuales de su asesinato. Asimismo, han acusado ante la Fiscalía 26 del estado Zulia a los funcionarios de Polimaracaibo implicados en su detención irregular y en el levantamiento de actas falseadas, solicitando además la destitución de la defensora pública por negligencia. El deseo de su familia es que los restos de Richard descansen en Valencia, junto a los de su padre. Pero su destino final, y el dolor por su ausencia, se postergarán el tiempo que dure limpiar su nombre de la sombra de ser un violador en serie.

Cárceles y violencia
Según lo expresado en un Informe Anual sobre los Derechos Humanos, para el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) la ejecución de las medidas del llamado «Plan de Humanización Carcelaria», anunciados por el ejecutivo nacional, ni ha significado una transformación estructural ni ha reducido significativamente los índices más preocupantes de violación a los derechos humanos de los reclusos. Como muestra de la grave situación de las cárceles venezolanas se encuentra el hecho de que, en febrero del 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya exigido al Estado venezolano tomar medidas para proteger la vida de los recluidos en el Internado Judicial de Monagas (La Pica). Un mes después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó medidas semejantes para proteger a los internos del Centro Penitenciario Región Capital (Yare I y Yare II). Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones afirma que los penales del país son los más peligrosos del continente. Para probar esta aseveración, compara las cifras locales con la de mayor densidad de América latina: Brasil. Mientras que la población penitenciaria del país carioca supera los 300.000 reclusos, en contraste con los 18.000 internos criollos, la tasa de muertes violentas en aquel país es de un fallecido por cada 1.000 reclusos. La de Venezuela es de 20 muertos por cada millar.

La dramática situación penitenciaria es un tema «políticamente incorrecto» para un país que exporta al mundo la «revolución bolivariana». Para los medios de comunicación progresistas o alternativos, tanto locales como del continente, la dantesca situación de las cárceles o no existe o es parte de una manipulación mediática generada desde las entrañas mismas del Pentágono. Si se intenta buscar noticias sobre el tema en los websites de izquierda más conocidos, encontrará buenas noticias (como una pieza «informativa» con el título «Alfabetización, capacitación y cooperativas en las cárceles del país») o los señalamientos de altos funcionarios del gobierno del tipo «la oposición instiga motines en las cárceles». Pero, la violencia dentro de los muros de las prisiones es un reflejo de la propia violencia social del país.

En su informe «Mapa de la violencia 2006», la Organización de Estados Iberoamericanos ubica a Venezuela en el segundo lugar mundial de asesinatos juveniles. Dentro del continente somos el país más violento de América latina, encabezando la lista de la mayor incidencia de víctimas de armas de fuego en el continente. Según estimaciones de las Naciones Unidas, el país registra 48 homicidios por cada 100 mil habitantes en un año. Esto nos ubicaría por delante de Colombia y Brasil.  Por su parte, el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) coincide con estas cifras al señalar que anualmente mueren 50 ciudadanos por cada 100 mil habitantes. Según esta organización, presidida por el Laboratorio de Ciencias Sociales de la UCV, el 90% de las víctimas fueron hombres, el 65% de los casos se ubica entre las edades 17-32 años, el 85% de los homicidios han sido cometidos por armas de fuego y el 49% de los homicidios suceden los fines de semana.