Rafael Uzcátegui

Hay personas, algunas convencidas honestamente de ello, que la actuación de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación de Venezuela es “injerencista”, un ataque a la soberanía del país que habría que rechazar. Esta opinión desconoce las diferencias entre los acuerdos regionales suscritos por los Estados, varios con alcances en derechos humanos, y las decisiones unilaterales de un gobierno contra otro, que sí podrían calificarse como injerencia en sus asuntos internos.

La raíz de esta discusión tiene que ver con el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Venezuela. Este instrumento, de manera similar al reconocimiento progresivo de los derechos humanos, fue una conquista de las luchas populares no una concesión de los Estados. Durante muchos años se reprochó a la OEA no haber tenido una actuación decidida frente a las dictaduras militares en la región. El final de la Guerra Fría no acabó con los gobiernos autoritarios en América Latina, quienes se vieron obligados a guardar ciertas formalidades en su deseo de perpetuarse en el poder. Fue así como surgió la primera dictadura moderna en Perú, en 1990, con la llegada a la presidencia de Alberto Fujimori. Fue la presión del movimiento social contra el fujimorismo, incluyendo al movimiento de derechos humanos, que obligó a las diferentes instancias de la OEA a tener un mayor protagonismo en la condena de sus excesos y en la restitución de la democracia. La discusión sobre la necesidad de creación de un protocolo de actuación regional se aceleró luego de la experiencia de Fujimori, por lo que no fue una casualidad que su aprobación se realizara en la ciudad de Lima, en septiembre de 2001. Por ello puede calificarse como una conquista de los movimientos sociales opuestos a la dictadura, que obligaban a la OEA a tener que actuar, sin los titubeos de antaño, frente a las rupturas del orden constitucional, independientemente de la ideología detrás del autoritarismo.

Usted podrá discutir si hay o no motivos para aplicar la CDI en el país, según los parámetros que ella misma ha definido. Pero calificar de “injerencia” un procedimiento cuya creación contó con la participación activa de Venezuela, el país ya se benefició de la misma en una oportunidad y estimuló su activación a otro país, Honduras, debería, si es coherente, colocar el énfasis en cuestionar al gobierno que acordó ceder un pedazo de su soberanía para restituir la institucionalidad democrática del país en caso que fuese necesario.

Venezuela, ya bajo la presidencia de Hugo Chávez, desempeñó un papel activo en los debates de creación de la CDI, como reflejan sus documentos. El embajador Jorge Valero tuvo largas intervenciones defendiendo la necesidad de incorporar el término “democracia participativa y protagónica”. Precisamente fue Chávez su primer beneficiario, cuando en abril de 2002 la OEA anunció la activación de este mecanismo contra el golpe de Estado, lo que sumó a su restitución en la primera magistratura. Hugo Chávez era tan consciente de la importancia de este mecanismo que en el año 2009 ordenó a su Canciller Nicolás Maduro solicitar su aplicación a Honduras. En el año 2001 Venezuela, de manera soberana aceptó a participar en este instrumento diplomático, de manera similar cuando años después nuestro país pidió ser miembro de Mercosur, aceptando con ello sus diferentes protocolos. Si alguien opina que igual es una cesión injustificable de la soberanía del país para dirimir sus asuntos internos, debe enfilar sus críticas al responsable: Hugo Chávez Frías.

El Estado venezolano se encuentra bajo la supervisión de los acuerdos y pactos internacionales que soberanamente ha suscrito, en una modalidad de soberanía compartida característica de la globalización. Una situación absolutamente diferente cuando otro Estado, en función de criterios decididos de manera unilateral, decide intervenir en los asuntos de otro país mediante mecanismos de presión, que incluyen las amenazas o el uso de la fuerza propiamente dicho. Sin embargo, el respeto a la soberanía popular de otros países tiene un límite: El respeto a los derechos humanos. Ninguna persona debería ser indiferente frente a las violaciones que ocurran tanto en su país como en otras naciones.

La CDI sólo involucra una serie de mecanismos diplomáticos progresivos para la restitución de la normalidad democrática, un protocolo de actuación políticamente correcto que ha sido incorporado, de manera similar, por otros organismos de integración regional como Mercosur. Si usted piensa que la CDI abre las puertas a intervenciones militares como ocurrieron en décadas anteriores en América Latina está equivocado. No sólo porque la Carta Democrática fue aprobada después de todas ellas, sino porque precisamente se creó para impedir actuaciones unilaterales, especialmente de Estados Unidos, mediante un acuerdo de actuación regional.

Usted podrá discutir si hay o no motivos para aplicar la CDI en el país, según los parámetros que ella misma ha definido. Pero calificar de “injerencia” un procedimiento cuya creación contó con la participación activa de Venezuela, el país ya se benefició de la misma en una oportunidad y estimuló su activación a otro país, Honduras, debería, si es coherente, colocar el énfasis en cuestionar al gobierno que acordó ceder un pedazo de su soberanía para restituir la institucionalidad democrática del país en caso que fuese necesario. (Publicado en Correo del Caroní)