Rafael Uzcátegui

Si la Constitución de 1999 se mostró como la expresión de un nuevo pacto social basado en la subjetividad de los sectores excluidos del hacer político en Venezuela, el desmantelamiento, fragmentación e institucionalización de los movimientos sociales no permitió la materialización de dichas garantías y derechos.

La Asamblea Constituyente apenas tuvo 4 meses para debatir. En esas discusiones, no sin conflicto, participaron muchos líderes sociales y organizaciones forjadas al calor de las luchas populares de la década de los noventas. Muchas exigencias quedaron plasmadas en el texto. Diversos analistas afirmaron que esta Carta Magna era “altamente garantista en derechos sociales”. El propio presidente Chávez la calificó como “la mejor Constitución del mundo”. La perspectiva que queremos resaltar es que la parte social de este pacto fue conquista de las propias luchas populares –y no una concesión del nuevo gobierno- que tenían, por lo menos, 15 años en Venezuela.

Este fue el clímax, pero paradójicamente también el réquiem, del aspecto autónomo del movimiento popular y social que había llevado a Hugo Chávez al poder. A partir de ese momento se inició un proceso de cooptación estatal de las organizaciones, hasta sustituirlas por otras nuevas, que tiene como resultado que 16 años después ninguno de los derechos ha sido materializado en la realidad. La razón es sencilla: No hay movimientos sociales que, mediante su propia agenda beligerante de reivindicaciones –independientemente si se identifican o no con el gobierno- exijan su cumplimiento.

Este proceso de institucionalización tuvo varias estrategias que, por razones de espacio, no podemos describir acá, cuyo objetivo era acabar con la independencia de las iniciativas sociales, cualquiera que fuesen. Ejemplificaremos con el movimiento indígena.
Cuando se abrió la posibilidad de participar en la Constituyente dicho movimiento se encontraba en un momento de cohesión, desde el Consejo Nacional Indígena Venezolano (CONIVE) a partir de sus organizaciones regionales. 5 delegados indígenas participaron junto a los 126 asambleístas en las discusiones. El resultado fueron 8 artículos en la nueva Carta Magna referido a derechos de los pueblos indígenas, incluyendo 2 años para la demarcación de territorios.
15 años después la situación del movimiento indígena no es la de 1999, cuando todo parecía posible, sino de derrota y desmovilización. En diciembre de 2014, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) denunció que, en la reivindicación más importante, apenas el 12,4% del territorio aborigen había sido demarcado, siendo la proporción más baja en el continente. Gregorio Mirabal, líder indígena, lo ha resumido magistralmente: “Después de la aprobación de todas las leyes indígenas creímos que sólo con apoyar al gobierno los derechos se iban a materializar. Y nos desmovilizamos”. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)