Rafael Uzcátegui

El pasado 27 de enero, mediante la Gaceta Oficial 40.589, el país amaneció con la noticia de la existencia de la resolución 008610, promovida por el ministro de defensa Vladimir Padrino López, que “regula la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para regular el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”. La gravedad de la normativa es escandalosa, pues legitima la inconstitucional participación de los militares en labores de seguridad ciudadana.

Los argumentos contra la resolución Padrino López son, por tanto, jurídicos y políticos. La Carta Magna es clara en establecer, artículo 332, que los “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”, enumerando 4 cuerpos encargados de dicha labor. Por su parte el artículo 329 indica que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) es el único órgano de las FANB que realiza labores de mantenimiento del orden interno. Los manuales de procedimiento policial indican que la GNB participa en la contención de manifestaciones cuando han sido superadas por la situación. Por su parte la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Venezuela en el caso del Caracazo expresa que no debe usarse, salvo situaciones extremas, a las FANB para labores de mantenimiento del orden público. No es cierto, como lo expresa la resolución, que su contenido está ajustado a estándares internacionales de DDHH. La opinión de los diferentes organismos de protección ha sido taxativa en separar las funciones destinadas a la defensa nacional, propias de los militares, y las de seguridad ciudadana, la cual deben ser realizadas por funcionarios adiestrados para el trato con civiles, lo cual no es el caso de los soldados.

La respuesta política a esta iniciativa tiene que ver con la creación de un Estado policial militarizado entre nosotros, con lo cual el gobierno de Nicolás Maduro aspira enfrentar la conflictividad social futura como resultado de la crisis económica, de las medidas antipopulares en curso y la pérdida de popularidad de su figura. Hemos descrito en otros textos como nos encontramos en un proceso de transición, en el cual los chavismos perderán la hegemonía del control político del poder. Esto explica el proceso de legitimación de capitales y blanqueos de dinero mediante la compra compulsiva, a precios inflados, de diferentes medios de comunicación nacionales. Ante la ausencia de carisma y la falta de dirección, Maduro apelará a la represión pura y dura, en una estrategia que incluye el uso de la hegemonía comunicacional a su alcance y la actuación de civiles armados contra los protestantes. Esta estrategia, militar más que política, tiene corto vuelo, pues entre otros elementos ya no cuenta con el respaldo internacional que alguna vez podía mostrar su antecesor. @fanzinero (Publicado en el diario Tal Cual)