Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

En nuestra entrega anterior, reconocíamos la voluntad política del Ejecutivo Nacional en haber implementado políticas sociales hacia los sectores más desfavorecidos que, como resultado, habían reducido en más de 20 puntos porcentuales la pobreza en el país, ubicándola en 31.62%. También advertíamos que esta tendencia, la disminución de personas en situación de vulnerabilidad, era una tendencia regional, destacando Perú como el país con la mengua más espectacular. Para el año 2002 una cifra de 54,7% de la población de Perú estaba en situación de pobreza. 9 años después, en el 2011, la pobreza había descendido al 27.8%, una cifra incluso 3 puntos más positiva que los resultados venezolanos. La CEPAL considera que la región se encuentra en el punto más bajo de pobreza de los últimos 30 años, lo cual se explica por la demanda inusitada de sus materias primas, especialmente recursos mineros. El lado oscuro serían las consecuencias para las comunidades indígenas y campesinas, así como la contaminación medioambiental.

Sin embargo, hay quienes cuestionan los métodos establecidos de medición de pobreza argumentando que no logran aprehender la multicausalidad y complejidad del fenómeno. Desde el propio Perú hay voces que cuestionan sus positivos indicadores macroeconómicos afirmando que maquillan una realidad que afecta a millones de personas. Hector Bejar, en su texto “Mitos y metas del milenio” afirma: “Un enfoque reduccionista de la pobreza promovido desde los organismos financieros multilaterales y por algunos economistas del neoliberalismo, redujo el concepto a términos monetarios o al acceso a servicios básicos, ignorando circunstancias como las crecientes diferencias económicas y sociales dentro de las sociedades modernas y la necesidad de levantar las trabas económicas, sociales y culturales que obstaculizan el desarrollo integral de las personas o que banalizan y pervierten el uso de la enorme riqueza material que el mundo globalizado genera”. Al cuestionar los Objetivos y Metas del Milenio agrega: “Reducen la pobreza a términos exclusivamente económicos cuando la definen por ingresos (aun los enfoques tecnocráticos contemporáneos buscan una definición más integral) (…) no es suficiente el indicador de la tasa de desempleo de las personas comprendidas entre los 15 y los 24 años. No es el desempleo sino el empleo sin dignidad ni derechos el problema en la mayor parte de los países pobres. Debería haberse fijado una meta referida a la reducción o eliminación de este tipo de trabajo, que está entre las causas de la pobreza (…) En el problema de la pobreza medida por ingresos fijan promedios conservadores, que son muy fáciles de alcanzar o ya han sido alcanzados por algunos gobiernos y sociedades que disfrutan de una mejor posición económica”.

La reflexión anterior vale para Venezuela. Para nuestro país hay que agregar la paradoja que la disminución de la pobreza no ha traído, como contraparte, un aumento en la calidad de vida. Entre los años 1997 y 2011 han ocurrido 143.135 homicidios en todo el país, lo cual rompe la ecuación que una disminución de las personas en situación de exclusión era directamente proporcional a la reducción de la violencia. Además de la disminución del espacio público y las actividades recreativas de toda índole en horarios nocturnos, la situación generalizada de violencia e inseguridad que existe en Venezuela impacta negativamente en el disfrute de los derechos sociales de los sectores más vulnerables. En el derecho a la educación, como reveló el informe “Violencia en las escuelas” realizado por el Centro Gumilla, el 73% de los estudiantes encuestados han presenciado situaciones violentas dentro del plantel. Por otra parte, las permanentes denuncias de robo de las instalaciones ubicadas en zonas populares disminuyen la calidad de la educación, desmantelando equipos y mobiliario que tardaron años en conseguirse. En el país existe una tendencia de cierre del llamado “ciclo nocturno” en liceos así como la reducción de horas de clase en el horario nocturno en institutos de educación superior. A esta situación se suma la renuncia de educadores en centros educativos ubicados en zonas geográficas con alto nivel delictivo. En materia de salud existen situaciones semejantes: El cierre progresivo de  las emergencias en horario nocturno en centros asistenciales de la red hospitalaria nacional. Igualmente, la reducción del horario de las consultas médicas en centros privados que prestan servicios de salud. La cantidad de personas que son heridas con armas de fuego colapsa  los servicios de terapia intensiva, dificultando la atención de otros padecimientos que requieren igualmente atención de emergencia.

El enfoque centrado en los niveles de ingreso y la capacidad de consumo de la población soslaya las dimensiones no monetarias de la pobreza. Tampoco, como lo sugiere Bejar, aborda sus causas estructurales ni describe lo que se entiende como “riqueza” o las diferencias en la distribución de la riqueza en el país. Hay mucho por avanzar, y por discutir, en la exclusión que afecta no sólo a millones de venezolanos y latinoamericanos, sino a muchos de los habitantes del planeta.