El pasado 10 de diciembre, a propósito de la celebración de un aniversario más de la Declaración Universal, se celebraba en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos. La ocasión era propicia para la iniciativa parlamentaria propuesta por la diputada Pastora Medina dentro de la Asamblea Nacional: Un acuerdo para celebrar los 61 años de aquel manifiesto de validez internacional. El gesto no hubiera tenido más que un valor simbólico, lo que coloquialmente conocemos como un “saludo a la bandera”. Sin embargo, aquella inocente propuesta tuvo como resultado un comportamiento que uno esperaría de un país gobernado por las fuerzas más oscuras y reaccionarias. Una aplastante mayoría, hombres y mujeres representantes de partidos autocalificados como “revolucionarios”, votaron en contra de la moción, contradiciendo incluso su énfasis declarativo por la protección de los derechos humanos en el mundo.

El PSUV, por ejemplo, ha emitido diferentes comunicados en contra de la presencia de bases militares estadounidenses, entre otras razones, por la situación de violación a los derechos humanos de los colombianos. Por su parte el Partido Comunista de Venezuela (PCV), ha circulado diferentes manifiestos en los que cuestionan el golpe militar contra el presidente Manuel Zelaya, porque, entre otros asuntos, es violatorio a los derechos humanos de los hondureños. Patria Para Todos, por su parte, días antes había difundido una declaración en donde afirmaban: “Apoyamos la lucha librada desde hace más de 25 años por la ciudadana saharaui Aminetu Haidar, en defensa de los derechos humanos de su pueblo y en favor de la independencia de su país”. Loables todas estas muestras de internacionalismo, sin embargo, uno se pregunta de las razones de la falta de énfasis –aunque se reduzcan a hechos simbólicos- para defender los derechos humanos de todos los venezolanos y venezolanas, sin distinción de ningún tipo, tal como lo evidencia la actitud de sus representantes en el hemiciclo parlamentario el pasado 10 de diciembre.

Durante esa fecha, precisamente, se hicieron públicos los resultados del Informe 2009 sobre la situación de los Derechos Humanos realizado por Provea, un estudio realizado por la organización desde hace dos décadas para registrar los avances, estancamientos y retrocesos de las políticas públicas en la materia. La investigación correspondiente al último año trastocó el patrón que Provea venía diagnosticando en los últimos años: avances en materia de derechos sociales y retrocesos y estancamientos en derechos políticos. En este período, en cambio, ambos tipos de derecho mostraron síntomas regresivos. Por otra parte la lucha contra la pobreza, que para Provea es la principal violación a los derechos humanos y que había sido una de las principales banderas del presente gobierno, evidencias signos de abierto agotamiento. Según las cifras oficiales entre los años 2004 y 2006 las políticas sociales contribuyeron a que se experimentara una importante reducción del 20% en la cantidad de hogares pobres en el país. Sin embargo para los años 2007 – 2009 la disminución es de apenas un 1,1%. Además, a excepción del sector educativo, los niveles de inversión estatal en políticas públicas han venido disminuyendo, lo cual confirma una de las alertas expresadas por Provea en años anteriores: el diseño de políticas sociales basadas, y sustentadas, en los altos ingresos provenientes del mercado energético globalizado.

Este atasco en las políticas de reducción de pobreza destaca junto a las altas cifras emanadas por la inseguridad ciudadana en el país. Según cifras oficiales durante el año 2008 se registraron 14.467 homicidios en todo el país, y entre los meses de enero y septiembre del año 2009 la cifra se remontaba a 13.360 asesinados. A este último dato, que cuenta con un importante subregistro, habría que sumar los fallecimientos “por enfrentamiento”, que suman 111 personas. La violencia ha permeado todas las dimensiones de la sociedad, con cifras igual de alarmantes. En los recintos penitenciarios, por ejemplo, durante el año 2008 la cantidad de 422 personas murieron de forma violenta. En el ámbito laboral el informe contabiliza 46 miembros de sindicatos asesinados en conflictos relacionados con la obtención de puestos de trabajo, 4 líderes sindicales muertos en conflictos relacionados con el derecho a la tierra y 5 manifestantes asesinados por cuerpos de seguridad del Estado. Agravando esta situación se encuentra la alta situación de impunidad que corona estos hechos violentos, así como las irregularidades del sistema de administración de justicia para investigar y sancionar estos delitos.

El informe también describe algunos hechos positivos, tales como el empuje de INPSASEL en monitorear las condiciones labores y el medio ambiente de trabajo, la normativa del alcalde Jorge Rodríguez que declara a Caracas “zona libre de desalojos arbitrarios” y la continuidad de las políticas inclusivas en el sector educación, entre otras acciones puntuales. Sin embargo la situación general, repetimos según las propias cifras oficiales, muestra que estamos caminando hacia atrás en áreas donde se habían experimentado algunos logros, continuando el agravamiento de los problemas y deudas sociales acumuladas durante los últimos años, en datos que pueden descargarse gratuitamente del sitio http://www.derechos.org.ve. Esto debería motivar la especial atención de los funcionarios públicos acerca de los problemas internos del país, como por ejemplo los miembros de la Asamblea Nacional, empeñados en darle claridad a la calle mientras mantienen las sombras en la casa.