En Venezuela el déficit habitacional, según estimaciones de las Naciones Unidas reconocidas por el Ministerio de Vivienda, se encuentran por el orden de los 2.800.000 casas. La falta de un techo propio y digno es una de las preocupaciones principales de la población, motivando buena parte de las protestas que se realizan en el país. Cualquier anuncio o política gubernamental en el sector es esperado y agradecido por los casi 13 millones de venezolanos y venezolanas que no disfrutan del derecho a una vivienda adecuada.
Diferentes analistas, tanto de la empresa privada como de las instituciones públicas, estiman que si se construyen 200.000 viviendas anuales se puede paliar significativamente el déficit en diez años. La producción nacional actual se encuentra muy por debajo de esa cifra, dando cuenta la Memoria y Cuenta 2007 del Ministerio de Vivienda y Hábitat que para el año 2007 se construyeron poco más de 60.000 unidades. Ante la búsqueda de alternativas que permitan aumentar la construcción anual, el Ejecutivo Nacional ha difundido un proyecto que aspira construir una cifra de 80.000 casas al año. Se trata del proyecto de las denominadas «Petrocasas», hogares de 71 metros resultantes de siete módulos de Policloruro de Vinilo (PVC), con láminas para techos elaboradas de una aleación de madera y plástico, a bajo costo. El 30 de marzo pasado el Presidente Chávez inauguró la primera urbanización de Petrocasas en Guacara, estado Carabobo. Se trata de la Ciudad Socialista «La Coromoto», la cual cuenta con 458 viviendas, parque infantil y canchas deportivas, un consultorio, Mercal y biblioteca. En una visita realizada durante el mes de agosto, Provea pudo constatar personalmente las condiciones de habitabilidad de la construcción, y conversar con miembros de su consejo comunal. Menos avanzada se encontraba la Comunidad El Esfuerzo, de Mariara, cuyo proyecto de Petrocasas se hallaba paralizado desde meses atrás, y los miembros de los comités de su Consejo Comunal desesperaban ante la ausencia de respuestas por parte de Pequiven y del resto de las instituciones.

El retardo de las obras, la dotación de servicios, la rigidez del diseño y las condiciones de habitabilidad de las casas no son las únicas preocupaciones de Provea acerca del proyecto Petrocasas. La mayor la constituye las denuncias realizadas por organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Agua Clara, e investigadores de la UCV acerca de la posibilidad de que el material de las viviendas constituya una amenaza para la salud de sus habitantes y del propio medioambiente. Maria Eugenia Gil, activista ecológica e integrante de Agua Clara, afirma que dicho plástico es reconocido como dañino por diferentes organizaciones del mundo entero, debido a que su ciclo de vida: producción, uso y disposición final, «es un manojo de problemas». Según su testimonio, el proceso de producción de PVC emite dioxinas y furanos, gases altamente dañinos, lo cual después, para lograr la consistencia adecuada, se le agregan metales pesados y químicos con dosis de ftalatos, cuya toxicidad ha sido establecida como Contaminantes Orgánico Persistentes (COP), prohibidos por el Convenio de Estocolmo -firmado por el Estado venezolano- por alterar la química celular, ser cancerígenos y disruptores del sistema endocrino, cardiovascular, nervioso e inmunológico. Debido a que los efectos de los COP pasan de generación en generación, el Convenio de Estocolmo estipula que para el año 2020 estos químicos no deben producirse industrialmente, meta asumida por 156 países del mundo.

Las posibles consecuencias negativas del uso del PVC para la construcción de viviendas no sólo serían soportadas sólo por sus adjudicatarios y el medio ambiente, sino también por los trabajadores y trabajadoras involucradas en el proceso de producción, manipulación y transporte. El material de construcción de las Petrocasas es originario de la Petroquímica de El Tablazo, preparado y ensamblado, hasta ahora, en la fábrica de Petrocasas ubicada en Guacara. El presidente Chávez anunció la creación de otras fábricas en Trujillo, San Fernando de Apure, Tucupita, Cabruta-Caicara y Puerto Ayacucho para poder alcanzar la meta de 100.000 petrocasas anuales. INPSASEL debería hacerse eco de estas preocupaciones, realizando exámenes de salud y el monitoreo de las condiciones en las que laboran los obreros vinculados a esta iniciativa.

Provea ha solicitado formalmente al Ministerio de Energía y Minas que difunda los estudios técnicos y científicos que demuestren que el plástico de las Petrocasas no representa peligro alguno. Hasta ahora la respuesta ha sido el silencio, situación que constituye una violación del derecho al acceso a la información veraz y oportuna. El Ejecutivo Nacional debería ser el primer interesado en aclarar cualquier duda con respecto a las políticas en vivienda, y no relegar a la incertidumbre cualquier mínima posibilidad de afectar la salud de sus beneficiarios, vulnerando a su vez derechos laborales de decenas de trabajadores del país.