En un reportaje circulado el pasado 9 de julio, la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), informaba acerca del inicio de una red de inteligencia social por parte de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y Consejos Comunales de la ciudad de Caracas. La nota reseñaba la realización del II Foro de Inteligencia Social en el que participaron, al menos, 450 personas afiliadas a estas instancias de participación. El director de la Disip, general de división Henry Rangel Silva, declaró que el objetivo de esta iniciativa es enseñar a las comunidades a organizarse para ejercer la defensa y el desarrollo integral de la Nación, empezando por las localidades que habitan. “Esto va más allá de la seguridad ciudadana, porque además de detectar amenazas, alguna persona que esté afectando a la comunidad, por ejemplo, pero mediante una metodología de trabajo que descarta los rumores y el chisme, las comunidades aprenden a identificar otro tipo de problemas y fortalezas, como alguna iniciativa a seguir que pueda ser puesta en práctica en otros sectores”. Según la pieza periodística, la dinámica de trabajo conjunto entre la ciudadanía y los organismos de seguridad del Estado, entre los que se incluye la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), parte del hecho de que los funcionarios van hasta las comunidades y no al revés, a fin de ayudarles a identificar y abordar los problemas así como a canalizar las soluciones, tales como alumbrado público, infraestructura deportiva y suministro de agua potable, entre otras. (ABN, 09.07.09, http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=190129&lee=4).

Dicha modalidad de “participación”, a nuestro entender, ocasiona dos objeciones. La primera es el énfasis puesto en los organismos de seguridad del Estado para “canalizar las soluciones” a los padecimientos cotidianos debido a la ausencia o insuficiencia de servicios públicos en las comunidades. Esta tendencia, por tanto, prioriza a los organismos de la esfera militar, bien sea por sus propios componentes o por funcionar bajo sus parámetros, sobre los organismos civiles para la satisfacción de las demandas de la sociedad. Se sugiere, efectivamente, que la construcción y dotación de canchas deportiva o el arreglo de los viaductos ya no sería competencia de los ministerios respectivos sino de los cuerpos policiales y militares. De esta manera esa vieja matriz cultural venezolana, oxigenada en los últimos tiempos, que establecía la superioridad de lo militar sobre lo civil para la organización de la sociedad, aparece donde uno menos la podría esperar: en los intentos de concretar una nueva manera de organización de los sectores populares.

La segunda refutación es una dimensión que ya habíamos comentado en un artículo anterior, y es la transferencia de funciones policiales a los organismos de participación ciudadana, un componente que, repetimos, consideramos totalmente ajeno a los mismos. Esta cesión se ha venido realizando bajo la modalidad de “inteligencia social” (IS), un concepto que ha venido difundiéndose desde el año 2002 en ámbitos ligados al Ejecutivo Nacional. Durante los años 2004 y 2005 dos intelectuales ligados al proceso bolivariano realizaron lo que es, hasta ahora, la síntesis más conocida acerca del concepto. Luis Bonilla, actual presidente del Centro Internacional Miranda (CIM) y Haiman El Troudi, ex director y asesor de los Ministerios de Planificación, Educación Superior y Comunicación e Información, durante esos dos años realizaron una serie de conferencias y talleres que luego plasmaron en diversas publicaciones editadas por instituciones estatales.

Según estos autores la IS “está referida a la experiencia y saberes acumulados por las comunidades y los grupos sociales que se expresan en estrategias de sobrevivencia contra lo enemigo, los contrarios a sus intereses y para coadyuvar al éxito de lo amigable, los aliados, lo propio”. La IS adquiere cinco formas: Policial; de crisis o contingente; estratégica, social revolucionaria, de la calle o popular y Contraloría social. Entre sus funciones estaría la de diagnosticar, analizar, comprender y actuar. La teorización de estos funcionarios sobre la IS es, por decir lo menos, contradictoria. Si bien en algún momento establecen que no es para “usarla en contra de los propios ciudadanos o contra de un segmento poblacional con el cual la institucionalidad tenga diferencias”, cuando desarrollan su cuarta función establecen la actuación reactiva “respuesta a situaciones coyunturales y todo aquello que afecte los intereses de los movimientos populares, sociales y revolucionarios y que sea imposible anular mediante técnicas disuasivas” y el choque, “herramienta para la confrontación directa. Cuando ni la disuasión ni las actitudes defensivas ni la proactividad impiden el impulso de políticas y prácticas reaccionarias en los escenarios sociales, emerge la acción directa, la lucha, la confrontación, el combate que procura someter a los adversarios como única alternativa”. ¿Quién establece cuales son los “intereses” de los movimientos populares y cuáles son las “políticas y prácticas reaccionarias” a las que habría que enfrentar? ¿La Disip? Estos conceptos y prácticas discrecionales, en un escenario polarizado como el nuestro, y promocionados por órganos del Estado son, literalmente, una bomba de tiempo.

Creemos que la tendencia, promovida por algunos sectores, acerca de la necesidad de construir un Estado policial es para preocuparse. Sin embargo, los consejos comunales y cualquier otra forma de organización social están a tiempo de revertir la pretensión de convertirlos en apéndices estatales, o, lo que es peor, de los cuerpos policiales y militares, y devolver al concepto “participación social” su verdadero y transformador significado. (Correo del Caroní, 13.07.09)