Los cuervos siguen volando demasiado alto. En medio de las acusaciones de «golpistas», un grupo de familiares se movilizaron hasta el sector La Peste del Cementerio General del Sur, para hacer tres exigencias:

1.  Dar cumplimiento pleno de la sentencia de reparaciones del caso El Caracazo, emitida el 29 de agosto de 2002 y que se permita la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a fin de acompañar el proceso de exhumación e identificación de victimas y la recolección de la prueba forense.

2. Mantener informadas a las víctimas y a sus representantes de todas las actuaciones que pretendan hacer en cumplimiento y ejecución de la sentencia, incluso permitiéndoles a estas participar activamente en dicho proceso.

3.  Al Ministerio Público que en aras de la imparcialidad del proceso se abstenga de utilizar recintos y personal de la Fuerza Armada Nacional para el resguardo y manipulación de la evidencia hallada en las fosas de la Peste.

La respuesta fue la burla y la criminalización. Como una particular metáfora, el Ejército, responsable de los asesinatos durante el Caracazo, es quien coordina y resguarda las osamentas en el proceso de exhumación, ante el silencio cómplice de los «revolucionarios» en el poder.