Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Gracias a que la violación de sus derechos procesales fue denunciada a través de los medios impresos y televisivos, los carceleros permitieron que Yendrick Sánchez, tras 18 días de incomunicación, fuera visitado por sus familiares. Como se recordará, Sánchez es el joven de 28 años que interrumpió la toma de posesión de Nicolas Maduro a la presidencia de la república. Su actuación no tenía motivaciones políticas sino exhibicionistas: Anteriormente había irrumpido en otros mitines políticos, eventos deportivos y conciertos musicales. A pesar que el presidente lo calificó de “compañero” y expresó públicamente su intención de conversar con él, fue trasladado a la Cárcel de Coro e imputado por delitos presentes en la llamada Ley Antiterrorista. Provea ha rechazado que Sánchez haya cometido delito alguno y ha calificado como desproporcionada la aplicación de la Ley Antiterrorista en su contra. A pesar que apenas comienza el camino para lograr la libertad de Yendrick, la denuncia pública sobre su situación de incomunicación pudo revertir el aislamiento con lo que podrá, junto a sus familiares, desarrollar una estrategia para su defensa.

El principal cómplice de la violación de los derechos humanos ha sido la invisibilidad. Todas las atrocidades que fueron cometidas en la región, durante la década de los 80´s, se mantuvieron largo tiempo en la impunidad porque sus detalles fueron cuidadosamente ocultados. Hoy, gracias a los avances de las tecnologías de información y comunicación, es casi imposible que cualquier situación de la vida pública pueda velarse por largo tiempo. La popularización de los dispositivos personales con múltiples funciones, como los teléfonos, permite que cualquier persona tome una fotografía de situaciones irregulares y las difunda al instante. Como nunca antes la tecnología se ha vuelto funcional para la defensa y exigencia de la dignidad humana.

Sin embargo, esta situación también es conocida por los funcionarios policiales y militares a la hora de cometer excesos y violaciones. En el caso de las violaciones al derecho a la manifestación pacífica, muchas de las personas detenidas eran precisamente las que registraban los excesos policiales en el porte de armas de fuego, el uso de gases prohibidos tóxicos prohibidos por la Constitución o el uso desproporcional de la fuerza contra los manifestantes. En Provea hemos sido víctimas de represión policial por documentar violaciones a los derechos humanos. El 12 de marzo del 2010 tres integrantes de Provea fueron detenidos en la ciudad de Maracay cuando acompañaban una manifestación contra la criminalización de la protesta. Uno de ellos portaba una cámara de video, lo que lo hizo blanco de la represión. En otra oportunidad, el 23 de septiembre de 2011, Sergio González, colaborador de nuestra organización, fue detenido en El Valle por tomar fotografías de funcionarios de la Policía de Caracas que, usando sus armas de reglamento, reprimían una manifestación de buhoneros.

Recientemente Provea visitó la ciudad de Barquisimeto para constatar las denuncias sobre torturas y violaciones al derecho a la manifestación pacífica. Los testimonios de las personas que fueron privadas de libertad coinciden en que dentro de los tratos inhumanos, crueles y degradantes recibidos en el destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana del estado Lara se encontraba la pregunta reiterada si poseían fotografías o videos de las manifestaciones. Ellos saben que una fotografía o un video pudieran convertirse en una prueba trascendental en un juicio por violación a los derechos humanos.

Las fotos o imágenes deben ser acompañadas con todos los datos necesarios para darle solidez a la denuncia. Debe ser acompañada del nombre completo del afectado, su cédula de identidad, edad y ocupación. El nombre, descripción y órgano al que pertenece el victimario.  El lugar, hora y descripción detallada de los hechos. Nombres de posibles testigos. Además, copias de todas las comunicaciones que se dirijan a las instancias como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, deben guardarse con su firma y sello de recibido. Como bien lo ha recordado el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) hay varios elementos que reiteran la importancia de realizar públicamente la denuncia: Si una violación de DDHH no se conoce, socialmente no existe; Generar conciencia y solidaridad; Impedir el olvido; La protagonista de la difusión es la víctima, no el victimario, ni el defensor. Por último, agregamos nosotros, movilizarse inspira a que otras personas que hayan sufrido abuso de cualquier tipo se animen a denunciar también, sintiéndose menos solos en su condición de vulnerabilidad.

En muchas oportunidades la denuncia no surte un efecto inmediato en revertir la violación de derechos humanos, pero si ayuda en que los funcionarios, al sentirse bajo la mirada de la opinión pública, se inhiban en cometer nuevas violaciones a los derechos humanos. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades: Derecho que no se ejerce y se defiende, es derecho que se pierde.