Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Como un avance deben interpretarse las recientes declaraciones de Germán Saltrón, representante de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el sentido que deberían investigarse por igual las denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetradas tanto por la Policía de Barinas como por la Policía de Chacao, sin miramientos del color político del territorio al que pertenezcan. Esta debe ser la actitud de cualquier persona sensible con el respeto de la dignidad de las personas: donde haya una denuncia con fundamento, la misma debe investigarse y sancionarse en igualdad de condiciones. La ideologización de la seguridad ciudadana y el derecho a la integridad de las personas es un peligroso camino que ha demostrado, donde se ha desarrollado, el aumento de los riesgos potenciales a los derechos humanos. Por esta razón nos causó mucha extrañeza la nota de prensa del Consejo General de Policía la cual afirmó, a propósito del Seminario Internacional de Policía Comunal, que “La policía venezolana, en especial los funcionarios y funcionarias dedicados al Servicio de Policía Comunal, deben orientar sus acciones desde los valores e ideología del socialismo democrático”. Sostener esto es, sencillamente, anticonstitucional. Por eso deseamos reconocer, especialmente, la correcta neutralidad expresada por Saltrón.

Sin embargo hay un detalle expresado por el representante del Estado que no deja de ser preocupante, y tiene que ver con el mecanismo histórico, utilizado por el movimiento popular, para la exigibilidad de derechos. Citamos: “Una manifestación no puede trancar la vía publica, porque ahí dejaría de ser pacífica. Obstaculizó el derecho a la libre circulación de los demás. Hay un principio que dice que mis derechos llegan hasta donde llegan los derechos de los demás”. La sugerencia realizada por Saltrón es falsa. Una manifestación si tiene el derecho de obstaculizar el tránsito, y es una responsabilidad de las autoridades el tomar medidas no sólo para implementar canales alternativos para el desplazamiento peatonal y automotor, sino también para preservar la integridad de los manifestantes. La Constitución garantiza el derecho a la manifestación pacífica y el artículo 38 de la ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas, y Manifestaciones establece como única condición la notificación, y no la solicitud de “permiso”, 24 horas antes del lugar e itinerario escogido para la movilización.

Este punto expresado por Saltrón no sólo se coloca al margen de la legalidad sino que se coloca de espaldas a la cultura movimientista desarrollada por el movimiento popular venezolano desde 1958, de la cual el gobierno bolivariano afirma ser su legítimo heredero. Si Saltrón no reflexiona sobre esta aseveración estaría legitimando todas y cada una de las represiones contra la manifestación popular en el país, desarrolladas bajo la denominada Cuarta República, legitimadas por ese peculiar argumento: Protesta que tranca calles es protesta “violenta”. Desde 1988 Provea ha combatido esta falaz aseveración, y lo seguirá haciendo.

Sin embargo, creemos que dicha forma de pensar no es producto únicamente de una ligera reflexión, sino también de la presencia de una memoria de muy corto plazo entre nosotros y nosotras. Las diferentes experiencias, algunas de ellas exitosas, de exigibilidad de derechos realizadas en el país no tienen quien las escriba. El registro y sistematización de la trayectoria de las luchas populares no sólo es necesaria para reforzar la propia identidad e historicidad de los movimientos, sino que se convierte en un insumo para que, entendiendo sobre el pasado, podamos actuar sobre el presente y el futuro.

Para aportar un granito de arena en esta dirección Provea, con el apoyo de diferentes iniciativas sociales y ciudadanas, ha convocado para el próximo 12 de mayo, en la Sala E de la Universidad Central de Venezuela, un evento denominado “Encuentro Nacional por el Derecho a Defender Derechos”. Desde las 9 am estarán exponiendo y haciendo un balance de sus experiencias de lucha el pueblo Yukpa, que durante años ha reclamado una demarcación de tierras justa y recientemente la puesta en práctica de la jurisdicción indígena; Los jubilados de Cantv sobre cómo de las acciones de calle y recursos judiciales en Venezuela acudieron al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para defender el derecho a una jubilación digna; Los trabajadores de Guayana disertarán sobre la situación que viven quienes trabajan en las industrias básicas y las consecuencias de las políticas de criminalización de la protesta; Dirigentes del movimiento estudiantil de la UCV hablarán de las distintas iniciativas emprendidas para lograr conquistas a favor de las universidades públicas del país y defender la autonomía. Por último una central cooperativa larense nos relatará sobre el hospital comunitario que gestionan desde hace más de un año. Como invitados internacionales tendremos a representantes de la Internacional de Resistentes a la Guerra, quienes contarán su trayectoria en el uso de la no violencia para construir cultura de paz. Les diferentes intervenciones estarán disponibles en una publicación digital, con el que esperamos fotografiar el ejercicio del derecho a la manifestación para reflexionar sobre el mismo. Asimismo, habrá una transmisión por Internet del evento, a través del sitio web http://www.derechos.org.ve