
¿Es contradictorio sostener dos ideas antagónicas al mismo tiempo? Usualmente sí. Sin embargo, debido a la singular situación planteada en Venezuela luego del 3E, tal vez solo podamos comprender lo que sucede entre nosotros precisamente a partir de las antinomias.
En filosofía, una antinomia es una situación en la que dos afirmaciones opuestas parecen ser verdaderas al mismo tiempo, porque cada una se sostiene sobre argumentos razonables. El concepto fue desarrollado por Immanuel Kant para mostrar que la razón humana puede llegar a conclusiones incompatibles cuando intenta explicar realidades complejas.
Algo similar ocurre hoy en Venezuela. El diagnóstico sobre el momento político depende del sentido que se le atribuya a los acontecimientos iniciados el 3 de enero.
Para algunos analistas, el hecho de fuerza del 3E y la tutela ejercida por Estados Unidos sobre el gobierno encabezado por los hermanos Rodríguez habrían abierto un proceso de transición política que, aunque pueda ser largo y accidentado, sería difícilmente reversible. Desde esta perspectiva, el país se encuentra en una etapa inicial de recomposición institucional, cuyos resultados dependerán de la presión interna, la negociación internacional y la evolución de la correlación de fuerzas.
Otros, desde una mirada más escéptica, sostienen que en realidad poco ha cambiado. Más allá de la ausencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el sistema político seguiría funcionando bajo las mismas lógicas de poder. El chavismo conservaría el control del aparato estatal y utilizaría el nuevo contexto internacional para reposicionarse, ganar tiempo y recuperar estabilidad económica sin alterar los fundamentos de su vocación hegemónica. Desde esta lectura, lo ocurrido el 3E sería menos el inicio de una transición que una reconfiguración del mismo sistema político.
Estas dos interpretaciones opuestas constituyen, en términos kantianos, una verdadera antinomia política: dos diagnósticos incompatibles que, sin embargo, encuentran respaldo en los hechos.
Existe, no obstante, una tercera posibilidad —en la que personalmente nos inscribimos—: que lo que esté ocurriendo sea la coexistencia de ambas dinámicas. En esta lectura, existiría un acuerdo provisional, aún en construcción, de trabajo y colaboración entre Estados Unidos y el liderazgo político que hoy controla el aparato estatal venezolano. Esta relación estaría marcada por una tensión permanente entre dos pulsiones contrapuestas: por un lado, la lógica de autopreservación del chavismo; por el otro, la estrategia estadounidense que, según lo anunciado por Marco Rubio, contempla varias fases orientadas, eventualmente, hacia una transición política.
Si esta fricción caracteriza el momento actual, entonces es plausible afirmar que hoy somos testigos simultáneamente de una pulsión de continuidad y una pulsión de cambio. La política venezolana estaría atrapada en una dialéctica incierta, en la que ambos movimientos coexisten y compiten por definir el sentido de la Venezuela post 3E.
Un ejemplo de esta antinomia puede observarse en el proceso anunciado para la designación de nuevas autoridades, tanto en el Ministerio Público como en la Defensoría del Pueblo. Para algunos sectores de la sociedad venezolana, esta convocatoria abre una oportunidad para iniciar un proceso gradual de reinstitucionalización. Bajo esa premisa, distintas organizaciones y actores han postulado a personas con trayectoria profesional y autonomía de criterio, con la esperanza de que el proceso permita introducir cambios en la arquitectura institucional del país.
Pero esos mismos acontecimientos pueden ser interpretados de manera muy distinta. Otros sectores consideran que el chavismo no es ni una víctima ni un rehén del nuevo contexto político, sino un actor que intenta adaptarse estratégicamente para preservar el poder. Desde esta perspectiva, los movimientos institucionales que hoy generan expectativas formarían parte de un esfuerzo por estabilizar el sistema, recomponer equilibrios internos —incluida la reducción de la influencia de figuras como Diosdado Cabello— y consolidar una relación funcional con Estados Unidos centrada en la recuperación económica.
Ambas lecturas tienen argumentos plausibles porque el significado del “nuevo momento político” todavía se encuentra en disputa. En cierto sentido, la sociedad venezolana está intentando interpretar un proceso cuyo desenlace estaría por definirse, y del cual hay tantas posibilidades de ser más de lo mismo como en decantar en algo nuevo.
Incluso, quienes sostienen diagnósticos diferentes coinciden en algo: la ventana de oportunidad para producir cambios podría ser limitada. Las elecciones de medio término en Estados Unidos, previstas para noviembre de este año, podrían alterar las prioridades de política exterior de la Casa Blanca. A medida que nos alejemos del 3 de enero, además, el efecto disuasorio producido por el bombardeo y la detención de Maduro podría diluirse progresivamente.Por ello la colisión entre ambas posibilidades duraría hasta finales de año, tras lo cual el escenario pudiera finalmente decantarse más claramente por alguna.
Tener fe y ser escéptico al mismo tiempo
Si el momento político venezolano está marcado por esta antinomia —continuidad y cambio coexistiendo al mismo tiempo—, tal vez la respuesta más realista sea asumir esa tensión en lugar de intentar resolverla prematuramente.
Desde esa perspectiva, podría resultar razonable que el campo democrático opere en dos direcciones simultáneas. Por un lado, participando en los espacios institucionales que puedan abrirse —como la postulación de candidatos a Fiscal o Defensor del Pueblo— y exigiendo procesos transparentes que empujen los límites de la voluntad de apertura. Por otro lado, denunciando de manera constante las restricciones estructurales que podrían impedir que esos procesos produzcan cambios reales.
El objetivo de esta doble narrativa no sería contradictorio. En ambos casos se trataría de presionar para abrir el camino hacia una transición democrática.
Algunos podrían objetar que esta coexistencia de estrategias terminaría por anularse mutuamente. Sin embargo, en el campo de la negociación política existe un principio conocido como “presión diferenciada”. La coexistencia de actores más confrontacionales y actores más moderados altera el cálculo del adversario y amplía el rango de decisiones posibles. Lo que en circunstancias normales parecería una concesión significativa puede percibirse como moderado cuando existe simultáneamente un discurso más duro que define el marco de referencia. Coloquialmente, esto se conoce como la estrategia del “policía bueno” y el “policía malo”.
En contextos autoritarios, esta diversificación de enfoques puede resultar particularmente útil. Diferentes voces, tonos y estrategias permiten abordar al poder desde ángulos múltiples, ampliando el campo de presión política.
De hecho, si se observa el debate público venezolano, puede advertirse que estos roles ya están siendo asumidos por diferentes actores. Lo que sería incoherente es que una misma voz sostuviera simultáneamente diagnósticos opuestos. Pero la coexistencia de ambas narrativas dentro del ecosistema democrático refleja, en buena medida, la naturaleza contradictoria del momento político que atraviesa el país.
Las condiciones de eficacia
El problema es que este doble movimiento requiere ciertas condiciones para funcionar.
La primera es algún grado de coordinación, algo que hoy resulta difícil debido al debilitamiento de los vínculos de confianza dentro del campo democrático.
La segunda es el reconocimiento mutuo entre actores que, aunque puedan tener diagnósticos y teorías de cambio distintas, comparten el objetivo de una transición democrática. Este reconocimiento se vuelve complejo en un contexto donde la cooptación estatal de algunas vocerías presentadas como opositoras ha erosionado la credibilidad del debate público.
La tercera condición es la existencia de banderas rojas comunes: principios y valores que, independientemente de las estrategias adoptadas, no deberían ser negociables.
Las antinomias del 2026 no son una anomalía del momento venezolano. Son, en buena medida, su condición estructural. La tarea del campo democrático no consiste necesariamente en resolverlas de inmediato, sino en aprender a actuar dentro de ellas. Porque en contextos autoritarios las transiciones rara vez nacen de una certeza. Con frecuencia emergen, más bien, de la tensión prolongada entre continuidad y cambio.
