En Venezuela se repite con insistencia que la transición democrática exige la “unidad” de las fuerzas democráticas. Sin embargo, pocas veces se reconoce una realidad incómoda: el campo democrático está profundamente fragmentado y esa fragmentación no es un accidente ni una falla moral de sus actores, sino una consecuencia directa del autoritarismo. Comprender cómo se produjo esta ruptura del tejido social —y cómo actuar políticamente desde el desacuerdo— es hoy uno de los principales desafíos para cualquier horizonte de redemocratización.

Como parte de su estrategia de dominación, los regímenes autoritarios, como el venezolano, inducen deliberadamente la desconfianza entre distintos sectores de la sociedad. La polarización interna, por tanto, no es solo un problema moral o político: constituye un efecto estructural de la ausencia de democracia.

Luego del fraude electoral del 28J, las autoridades iniciaron una campaña de “terrorismo de Estado”, como fue calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llevó a un nuevo nivel la fragmentación de los sectores de la sociedad civil. Antes de esa fecha, el agotamiento por la duración del conflicto, la competencia por recursos escasos y la radicalización de identidades políticas habían transformado lo que antes eran espacios gremiales densamente articulados en tendencias dispersas, agrupadas como archipiélagos. La represión, que obligó al repliegue de los activistas, terminó de dinamitar la confianza y promover el aislamiento organizativo.

El repliegue tuvo así un efecto paradójico: si bien funcionó como mecanismo de protección frente a la represión estatal, también intensificó la segmentación del campo democrático. Los actores sociales comenzaron a interactuar principalmente con quienes compartían diagnósticos, estrategias o sensibilidades similares, generando circuitos cerrados de interpretación. En estos entornos de alta homogeneidad, las percepciones sobre los acontecimientos políticos se reforzaron sin mediación, las narrativas se radicalizaron y las posiciones divergentes fueron percibidas crecientemente como amenazas antes que como interlocuciones legítimas.

En estas condiciones, las diferencias dejaron de ser únicamente estratégicas y comenzaron a adquirir un carácter moral. La distancia entre actores sociales se amplió no solo por lo que pensaban, sino por las intenciones que atribuían al otro. El repliegue, por tanto, no solo redujo la capacidad de acción colectiva, sino que reconfiguró el modo en que la sociedad civil procesa el desacuerdo, transformando la pluralidad en fragmentación y la diversidad de enfoques en polarización interna.

Las conversaciones relegadas no son simplemente debates postergados, sino el resultado de una estructura de interacción social alterada por la represión. El aislamiento organizativo y la fragmentación del debate público crearon las condiciones para que diferencias latentes —sobre liderazgo, legitimidad, teorías de cambio o relación con el poder— se profundizaran y se convirtieran en líneas de división persistentes dentro del campo democrático. Aunque la transición amerita el mayor grado de concertación posible, negar esta realidad o intentar recomponer la “unidad” por decreto solo alejará la posibilidad de redemocratizar el país.

Las líneas de fuga

En este contexto, pueden identificarse varios temas que actualmente dividen a la sociedad civil venezolana. A nuestro juicio, los principales son:

1) Liderazgo opositor: representación versus pluralismo. El rol de María Corina Machado, y en contraposición el de otros actores políticos como Henrique Capriles, constituye una de las principales líneas divisorias actuales dentro de la sociedad civil. Este debate está atravesado por tensiones adicionales: liderazgo personal versus liderazgo colegiado y colectivo; estrategia confrontacional versus estrategia de negociación; legitimidad electoral; representación simbólica versus eficacia política.

Paradójicamente, estas fracturas no parecen reproducirse con igual intensidad en el resto de la sociedad: mientras figuras como María Corina Machado dividen a la sociedad civil organizada, encuestas recientes muestran niveles de apoyo ciudadano cercanos al 67%, lo que también evidencia una crisis de representación dentro del propio campo cívico.

2) 28 de julio de 2024: verdad electoral versus estabilidad política. Las posiciones se dividen en tres grandes tendencias: reivindicación plena del triunfo opositor; duda sobre los resultados y, por tanto, mayor flexibilidad en las demandas; y finalmente el pragmatismo, resumido en la idea de “pasar la página”.

3) Relación con el poder: pragmatismo versus principismo. Este debate refleja un dilema clásico en contextos autoritarios: coexistir con el poder para aliviar el sufrimiento o rechazarlo para evitar legitimar abusos. Dentro de la sociedad civil esto genera tensiones entre negociación y resistencia, gobernabilidad y legitimidad, así como entre eficacia humanitaria y coherencia ética.

4) El 3E: soberanía versus derechos humanos. La sociedad civil oscila entre el apoyo o la justificación de la detención de Nicolás Maduro y la condena a la intervención militar y la tutela de Estados Unidos sobre el gobierno venezolano.

5) “Los de adentro” versus “los de afuera”, o la legitimidad del sufrimiento. La división ocurre entre quienes reivindican la legitimidad de la resistencia desde el territorio nacional y quienes defienden el papel del exilio y la incidencia internacional, en una disputa atravesada por el reconocimiento del riesgo, el sacrificio y la autoridad moral.

6) La velocidad de los cambios: gradualismo versus ruptura. La sociedad civil oscila entre quienes defienden transformaciones progresivas y negociadas para evitar mayores costos sociales y quienes exigen cambios rápidos y urgentes frente a la prolongación del autoritarismo.

7) La fecha de las elecciones: urgencia electoral versus garantías. Se enfrenta el dilema entre convocar elecciones inmediatas como salida al conflicto o priorizar condiciones y garantías antes de cualquier proceso electoral.

Conjurar la unidad por decreto

En estas circunstancias, resulta ingenuo —e incluso contraproducente— exigir la “unidad” de las fuerzas democráticas como uniformidad de posiciones. El autoritarismo ha fragmentado deliberadamente el tejido social y ha erosionado los mecanismos que antes permitían producir consensos. Pretender homogeneidad donde hay desconfianza solo profundizará las divisiones y generará frustración en la acción colectiva.

El desafío actual, por tanto, no es la unanimidad, sino la capacidad de actuar desde la diferencia para crear condiciones que permitan la redemocratización del país. Esto supone asumir una vocería diversificada, donde distintos sectores expresen posiciones complementarias desde registros y estrategias distintas, aunque divergentes en sus métodos, orientadas a un objetivo común. Por ejemplo, frente a la Ley de Amnistía podrían coexistir posiciones de apoyo y crítica dentro de un marco compartido orientado a lograr la liberación plena de todos los presos políticos. En segundo lugar, implica promover la dispersión estratégica: una acción colectiva que, como un enjambre, intervenga simultáneamente desde múltiples espacios sin necesidad de una dirección única, hoy tan improbable como problemática.

Sin embargo, tanto la vocería diversificada como la dispersión estratégica entrañan riesgos si no se ejercen con criterios mínimos compartidos. La pluralidad de voces puede derivar en mensajes contradictorios que generen confusión social, debiliten la credibilidad del campo democrático o faciliten estrategias de cooptación y división promovidas por el poder. Del mismo modo, la dispersión estratégica puede transformarse en fragmentación permanente, competencia entre actores o acciones desarticuladas que diluyan la capacidad de incidencia colectiva. Sin mecanismos básicos de reconocimiento mutuo, comunicación y principios comunes, la diversidad deja de ser fortaleza y puede convertirse en una prolongación de la desconfianza que el propio autoritarismo ha producido.

La reconstrucción democrática comienza allí donde la sociedad aprende a cooperar sin pensar igual. La tarea inmediata no es imponer unidad, sino reconstruir las condiciones que algún día hagan posible un proyecto de país común en el que todos puedan reconocerse.