La tutela internacional posterior al 3 de enero abrió una ventana política inédita, pero también produjo una ilusión peligrosa: la de una democratización irreversible garantizada desde afuera. Esa expectativa, comprensible tras años de dura represión e impotencia, reduce la presión por recomponer el tejido interno. Si otros resolverán el conflicto, la urgencia de cooperar disminuye. Y sin participación interna, cualquier transición corre el riesgo de ser meramente formal, sin una sociedad que la haga sustentable en el tiempo.

Cuando los barcos de guerra norteamericanos comenzaron a apostarse en el Mar Caribe, muchos cuestionaron que una amenaza creíble del uso de la fuerza no fuera protagonizada por los propios venezolanos. Luego, con la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el 3 de enero de 2026, la sociedad civil venezolana se encontraba, tras meses de persecución, terrorismo de Estado y exilio, en su peor momento de repliegue y fragmentación.

Paradójicamente, el acontecimiento que quebró la sensación de intocabilidad del poder también abrió un nuevo riesgo: el de una transición sin participación. Las aprobaciones exprés de la reforma de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de Amnistía son precedentes en esa dirección.

La externalización de la agencia

A partir de la tutela internacional sobre el gobierno de los hermanos Rodríguez se instaló una expectativa extendida: la resolución del conflicto político venezolano dependerá principalmente de la presión y la actuación de actores externos.

Esta lógica es comprensible. Durante años, la movilización interna fue castigada con represión, cárcel y exilio. Los venezolanos intentaron todo para revertir el autoritarismo, sin mayor eficacia. Cuando el quiebre vino desde afuera se produjo una sensación de alivio, pero también pudo generarse un efecto de desplazamiento.

Si la transición se administra desde Washington, ¿qué papel queda para los gremios, los movimientos sociales y las organizaciones territoriales? La respuesta es desafiante, tras años de políticas deliberadas para reducir la autonomía y la potencia del tejido asociativo. Si somos sinceros, también hay heridas abiertas, debates acumulados y desconfianza mutua. La “unidad” es una quimera cuando existen temas que polarizan: desde el liderazgo de María Corina Machado, el posicionamiento sobre lo ocurrido el 3E, hasta la eventual fecha de las elecciones.

No obstante, podemos y debemos aprender de nuestra propia experiencia. El movimiento por la liberación de presos políticos logró un amplio consenso sin que hubiera un solo discurso, un solo liderazgo o una sola táctica. Se generó una masa crítica como consecuencia del enjambre impulsado por los familiares en movilización permanente, apelando a lo emocional, acompañados por ONG de derechos humanos; medios de comunicación amplificando sus mensajes e historias; Iglesias hablando de compasión y ofreciendo espacios para actividades; sectores internacionales presionando; activistas e infociudadanos usando redes; gremios incorporando el tema en sus agendas sectoriales. No fue una unidad homogénea, sino una convergencia plural. Y funcionó porque el objetivo era claro y transversal.

Aprender de nuestros propios pasos

En el contexto actual, insistir en la vieja ilusión de la “unidad” total puede ser tan irreal como contraproducente. La confianza, primer activo para la acción colectiva, no se recompone ni rápidamente ni por decreto. Las discrepancias continuarán; es un hecho.

Sin embargo, los distintos sectores del universo democrático podrían coexistir si existe acuerdo en tres aspectos: objetivos mínimos compartidos, líneas rojas éticas y respeto por la diversidad táctica.

En ese marco, una acción basada en la “dispersión estratégica” permite que unos presionen institucionalmente, otros movilicen socialmente, otros incidan internacionalmente y algunos produzcan narrativa cultural y de sentido. No todos deben hacer lo mismo. Lo que deberían evitar es sabotearse entre sí.

Una advertencia: la dispersión estratégica solo funciona si existe un marco común. Sin mínimos compartidos, la dispersión degenera en atomización. El consenso por la liberación de presos funcionó porque había un principio indiscutible: la libertad de personas detenidas arbitrariamente.

En contextos autoritarios prolongados, la resiliencia no siempre proviene de la uniformidad. A veces surge de la capacidad de actuar desde distintos frentes sin perder el horizonte común. La pregunta que deberíamos hacernos ahora es: ¿puede construirse un consenso transversal similar en torno a reglas democráticas básicas?

Para no quedarnos en el diagnóstico, el punto de partida debe ser claro: recuperar el espacio cívico en su totalidad. Eso significa que ningún venezolano sea criminalizado por protestar, organizarse o expresarse. Pero también implica algo más concreto: que la ciudadanía pueda incidir en el rumbo del país, incluida la realización de elecciones libres donde el voto no sea una formalidad, sino una herramienta efectiva de cambio.

Si delegamos en otros la resolución del problema, no solo estará en juego quién gobernará después, sino quién sostendrá ese gobierno desde una sociedad organizada.