Rafael Uzcátegui

El debate sobre las condiciones que harían viable una transición a la democracia en el país se ha puesto sobre la mesa de la conversación pública, especialmente a partir de la propuesta realizada por los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Lula Da Silva (Brasil) sobre la posibilidad de realizar un plebiscito para salvaguardar la vida, integridad y derechos civiles del candidato que no resulte favorecido en las próximas elecciones presidenciales. En este sentido el economista Víctor Álvarez, antiguo integrante del Centro Internacional Miranda, ha venido promoviendo una propuesta bajo el título “Pacto de convivencia pacífica entre los candidatos a la presidencia de la república”. En este texto vamos a realizar algunos comentarios al apartado de ese documento “Sobre la amnistía por delitos políticos y violaciones de derechos humanos”, dado que su contenido es del área de nuestra experticia.

En este tipo de documentos el orden de los factores sí altera el producto. La importancia dada por Álvarez al tema de violencia política y derechos humanos se refleja en que es la primera y más extensa área temática expuesta en el documento, cuyas consideraciones son desarrolladas en 6 artículos. Otros temas que bien pudieran ser igual de medulares no son discernidos con el mismo interés. “Sobre la reinstitucionalización de los poderes públicos y el papel de la FANB” se despacha en apenas dos artículos; “Sobre la cooperación entre niveles de gobierno y un gobierno de coalición” también se resuelve en dos renglones. “Sobre el levantamiento de las sanciones económicas” hay más elaboración, pues se detallan en dos largos artículos, con una extensión similar a la suma de los dos anteriores, pero menor a nuestro tema. Una primera conclusión es que para Álvarez, la amnistía y el levantamiento de sanciones son claves para facilitar “la alternabilidad del poder”. Álvarez, al igual que en otros documentos de posicionamiento, suscritos por su persona, omite la palabra “transición” y evita caracterizar el tipo de gobierno que ha venido funcionando desde Miraflores.

Según explica Álvarez el documento es el resultado de una “larga consulta”, que para el asunto específico de derechos humanos, respondió la pregunta: “¿Hasta dónde puede llegar la justicia transicional? ¿Qué violaciones de derechos y delitos cometidos por el gobierno, la oposición o los organismos del Estado pueden ser amnistiados y cuáles no? ¿Quiénes pudieran ser favorecidos y quiénes no?”. Al final del documento enlista las personas que fueron parte de la larga consulta, cada una a partir de un tópico específico. Dada la jerarquía dada al tema de la amnistía y los derechos humanos, resaltan dos cosas: 1) Ninguna conversación tuvo como eje temático el de derechos humanos y 2) Dada la sensibilidad sobre el tema, ninguna de las conversaciones fueron con familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos o integrantes de ONG de derechos humanos reconocidas por su trabajo en el área.

El documento abre con dos grandes propuestas con las que nadie, que conozca mínimamente el tema de derechos humanos, pudiera estar en desacuerdo: Crear una Comisión de la Verdad y reactivar el trabajo dentro del país de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH). Seguidamente delinea la propuesta espinosa: Una amnistía por delitos políticos, a través del “indulto, el sobreseimiento de causa o extinción de la acción penal”. Seguidamente Álvarez mete en el mismo saco peras con manzanas, pues entre los beneficiarios de dichas medidas enlista, indiscriminadamente, acusados por “delitos políticos” – se sobreentiende, por parte de las actuales autoridades- y funcionarios señalados por “represión, abuso de poder y violaciones leves de derechos humanos”. Seguidamente Álvarez nos aclara que, en sintonía con el artículo 29 de la Constitución, quedarían exceptuados de la amnistía «las violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad”, los cuales “sólo podrán ser juzgados en las instancias de la justicia ordinaria”. Aquí tenemos varios problemas. El primero es que la única instancia internacional de protección a los derechos humanos que Víctor Álvarez reconoce es al ACNUDH. Dos artículos más adelante, el número octavo, el economista lo ratifica abiertamente: “No seguir presionando en la Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales encargados de la protección de los derechos humanos, y a pedir el cese de la persecución judicial en contra de representantes de los poderes públicos del Estado venezolano”. Por tanto, no es casual el énfasis en que las violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad serían exclusivamente tratados dentro del país.

Un segundo problema es que no existe ningún estándar internacional en la materia que nos aclare y nos delimite que pudiera significar “violaciones leves a los derechos humanos”. También el por qué el adjetivo “leve”, en la lista de lo amnistiable, acompaña los verbos “represión” y “abuso de poder”. Si esto no ha sido delimitado por los estándares internacionales, ¿quién haría la separación?, ¿cuáles son los criterios? El economista nos dice que separar la paja del grano sería trabajo de “Los tribunales especiales de justicia transicional”. Para “garantizar la alternabilidad en el poder” Álvarez hace hoy una oferta de impunidad, como incentivo. El día de mañana ya se verá. ¿Qué sería leve para Alvarez? –ironizamos- ¿Menos de cinco corrientazos en los interrogatorios?, ¿Bofetadas con la mano abierta?, ¿Amenazas de abuso sexual que no terminen de concretarse?

No podemos dejar de subrayar que Álvarez, por las evidencias, pertenece a la matriz de opinión para los cuales el trabajo de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos son un estorbo para la “negociación política”, un ataque a la soberanía y cuyos informes sabotean la posibilidad de una solución pacífica del conflicto en nuestro país. Al contrario, cualquier trabajo en la reconstrucción institucional del país necesita de la participación y la asesoría de organismos internacionales. Y para el área específica de derechos humanos, de las instituciones internacionales con mandato en la materia. La creación de cualquier “tribunal especial de justicia transicional” en Venezuela necesitaría del involucramiento de las instituciones internacionales que hoy Álvarez niega. La reconstrucción democrática en Venezuela necesitaría de todas las tercerías posibles, que hagan confiable el proceso y brinde seguridad a todas las partes.

Es curioso, por decir lo menos, que Álvarez le pida a los candidatos “dejar de presionar” en los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, cuando esos mismos postulantes, o para hablar concretamente en el caso Edmundo González, están ocurriendo y continuarán sucediendo situaciones –detenciones arbitrarias, persecución, sanciones administrativas a proveedores de bienes y servicios- cuyo única posibilidad de contención es, precisamente, la actuación de esas instituciones internacionales con trabajo basado en la dignidad humana.  

El debate apenas comienza y esta es, apenas, una de las propuestas. Las víctimas y sus organizaciones, así como las organizaciones de derechos humanos, debemos involucrarnos en esta discusión, No hacerlo sería permitir que la impunidad no tenga el suficiente costo político y social en cualquier cosa que vaya a suceder en los próximos meses. La pregunta que se encuentra en el fondo de la diatriba es precisamente esa: ¿Cuánta impunidad estaremos dispuestos a permitir, a tolerar, a ofrecer, para que los victimarios permitan abrirle las puertas a la democracia? O cómo dicen los que plantean el dilema en base a metáforas: El tamaño de los sapos que tengamos que tragar. Pues, precisamente, ese volumen habla de nosotros y nosotras como la sociedad que somos y la que aspiramos a ser.