Siguiendo la categorización sugerida por Krizna Gómez y César Rodríguez, en su libro para la ONG colombiana Dejusticia llamado “Encarar el desafío populista”, los ataques de los líderes autoritarios como Nicolás Maduro contra el espacio cívico se enfocan en debilitar dos aspectos: La legitimidad de las organizaciones y la eficacia con la que realizan su trabajo.

En el caso venezolano los ataques a la legitimidad de las organizaciones comenzaron desde el propio inicio del gobierno bolivariano, en 1999. A pesar que se vivió una corta luna de miel entre las ONG y el nuevo gobierno, durante el proceso Constituyente, ya en ese momento habían voces que desconfiaban públicamente de las organizaciones independientes. Un año después, cuando ocurre el deslave en el estado Vargas y en medio de la tragedia ocurren ejecuciones extrajudiciales, el propio Higo Chávez hace evidente esta corriente de opinión cuando acusa a Provea de ser financiada por la CIA. Rápidamente, a partir de ese momento, comienza una campaña de desprestigio y criminalización contra las organizaciones que se hace política de Estado a partir del año 2007, luego que Chávez pierde el referendo por la reforma de la Constitución, debido a que muchas de las ONG habíamos alertado sobre los retrocesos de la propuesta. Hoy existen dos programas de televisión pública donde, de manera semanal, se hacen señalamientos contra las organizaciones y se muestran fotografías de defensores y activistas, por ejemplo, en el aeropuerto llegando de un viaje, afirmando que sus maletas están llenas de dólares o perfumes costosos. El objetivo de todos los ataques es posicionar la opinión que las organizaciones y los activistas no son actores democráticos legítimos, sino que forman parte de una elite opresora, que vive con privilegios y que sus verdaderos jefes se encontrarían fuera del país. Alguna vez en Provea contamos en una de las páginas web oficialistas, que no diré su nombre para no darle publicidad, que había 43 artículos donde se decía, de diferentes maneras, que nuestro verdadero jefe era George Soros. Uno solo no era diferente: Eran 43 artículos!. Al socializar la desconfianza sobre las motivaciones de una organización o un activista siembras la semilla de la discordia en el conjunto del movimiento e inhibes a que la ciudadanía en general o sus potenciales beneficiarios se vinculen con la iniciativa. También lo deshumanizas, quitando en consecuencia las inhibiciones morales que impiden una agresión física o simbólica, y que en caso que ocurran vas a mostrar como un acto de “justicia popular”. Hoy una veintena de activistas, entre los que me cuento, contamos con medidas cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Este tipo de ataques, que generan un contexto de riesgos y amenazas, han motivado que muchos defensores y defensoras se hayan ido del país, sumándose a la corriente de migración forzada. Y a pesar que desde fuera siguen trabajando por los derechos humanos de los venezolanos, el tejido asociativo dentro del país se ha venido debilitando por estas ausencias.

El segundo tipo de ataques quiere disminuir la eficacia con la que trabajan las organizaciones, promoviendo obstáculos para el desarrollo de sus labores. Esto incluye no sólo la posibilidad de ser detenidos sino también la aprobación de leyes restrictivas.  Durante el primer año de estado de alarma en Venezuela, entre los meses de febrero de 2020 a marzo de 2021 han ocurrido un total de 318 detenciones arbitrarias, siendo 27 de ellas contra defensores, activistas y trabajadores humanitarios. El resto fueron 123 contra líderes y miembros de partidos políticos de oposición, 68 contra periodistas y 35 fueron sindicalistas. El Covid-19 ha sido una oportunidad para Nicolás Maduro de aumentar los mecanismos de control sobre la población y los territorios, además de incrementar los niveles de censura. En mayo de 2020, dos meses después de la llegada del primer caso al país, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela emitió un informe donde proyectaba los casos de enfermos y fallecidos por el coronavirus. Por haber discrepado de las cifras oficiales, que en nuestro caso ni son transparentes ni creíbles, el presidente de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente pidió públicamente a la FAES, un organismo que por su letalidad el ACNUDH solicitó su disolución, que les hiciera un allanamiento. En este momento de Cuarentena lo que debería discutirse públicamente debe hacerse en foros privados. Y esto obliga a los medios, pero también a las ONG, ser muy cuidadosas de lo que informan y de cómo lo informan.

En las leyes restrictivas tenemos ahora la aprobación de la providencia 002 que nos obliga a registrarnos ante una oficina contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Ahora mismo, si una ONG desea abrir nuevas cuentas bancarias para la institución o sus trabajadores, las entidades bancarias les están exigiendo estar registradas. Además, ha sido aprobada en la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional la discusión sobre un proyecto de ley de cooperación internacional, una iniciativa jurídica que se intentó aprobar en el año 2005, pero que debido a la reacción y movilización de diferentes sectores, no pudo avanzar. Entonces, se intenta aprovechar la desmovilización consecuencia de las medidas de distanciamiento social para aprobar lo que en otras circunstancias hubiera tenido un amplio margen de contestación. La combinación de estas dos normativas colocará al margen de la legalidad a muchas iniciativas asociativas del país, por lo que seguiremos el grave ejemplo de Nicaragua.