Rafael Uzcátegui
Especial para La Silla Vacía

Venezuela enfrenta la pandemia del Coronavirus con un sistema público sanitario desmantelado y una aguda escasez de medicamentos. Nicolás Maduro responsabiliza a las sanciones internacionales de la situación, pero las primeras medidas coercitivas llegaron mucho después de la aparición de la Emergencia Humanitaria Compleja.

En su texto “Tres respuestas a la crisis del Coronavirus” el filósofo y sociólogo Jean De Munck hace una reivindicación del Estado de bienestar para enfrentar las consecuencias mundiales de la pandemia. Una de las ideas que postula es la de “soberanía sanitaria”: “La soberanía de la salud presupone la inclusión del Estado en un marco transnacional que puede producir y distribuir equipos esenciales para la salud de todos a nivel mundial”. Según su argumentación, que compartimos, el Estado debe esforzarse por producir los equipos básicos de salud pública de manera local.

Un ejemplo del apetito voraz en canibalizar la producción local para favorecer el negocio impotador, en el rubro farmaceutico, lo constituye la empresa estatal Quimbiotec

Trayendo la noción de “soberanía sanitaria” a Venezuela, es importante señalar cual era la situación “espacio-tiempo” en el que llega el Coronavirus al país. La situación en esta ribera del Arauca tricolor es diferente a la que intelectuales como De Muck describen para buena parte del planeta: Un sistema sanitario público desmantelado por políticas de libre mercado. Desde Caracas, en cambio, ha sido un proyecto de estatización de la vida cotidiana y concentración máxima y vitalicia del poder la que ha generado una Emergencia Humanitaria Compleja, cuya una de sus dimensiones es la privatización, por la vía de los hechos, de la salud: Sólo pueden sanar enfermedades quienes tengan el dinero para tratarse en el sistema privado, o en centros médicos de otro país. El propio Hugo Chávez trató su cáncer fuera, y cuando falleció no se creó ninguna política pública para mejorar el acceso a la salud a pacientes oncológicos.

Nicolás Maduro y sus voceros culpabilizan a todos los males que sufre el país, incluyendo las limitaciones en hospitales y centros médicos dependientes del Estado, a las sanciones internacionales. ¿Qué tan cierta es esta afirmación?

Las primeras sanciones contra Venezuela se aprobaron a mediados del año 2017. En esa fecha ya había aparecido una severa crisis económica, básicamente como consecuencia de la disminución de ingresos estatales por la exportación de petróleo y gas. Los rigores y extensión de esta crisis fueron los que, entre otras razones, estimularon el voto castigo contra el gobierno en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, cuando el chavismo se convierte en minoría social y electoral por un generoso margen, por debajo, de dos millones de votos. La crisis ya existía para el año 2017, aunque es cierto que las sanciones han exacerbado los efectos del colapso.

El economista venezolano Manuel Sutherland ha venido haciendo un exhaustivo seguimiento del efecto de las sanciones en el país. En un documento de próxima publicación, refuta el informe realizado por la firma Weisbrot y Sachs, ampliamente publicitado por Miraflores: “Las sanciones económicas como castigo colectivo. El caso de Venezuela”, divulgado por el Center for Economic and Policy Research. En este paper ambos investigadores hacen una afirmación temeraria: Las sanciones serían las culpables del incremento en la muerte de unas 40.000 personas en el período 2017-2018 por motivos de salud, por falta de medicinas y de atención médica. Para señalar dónde se ubica la responsabilidad sobre la escasez de fármacos, Sutherland recuerda que en el año 1998 la importación de medicamentos fue de 222 millones de dólares, mientras que para el 2012, 5 años antes de las primeras sanciones, la compra de medicinas en el exterior sumó la cifra de 3.410 millones de dólares. “El gobierno prefirió aumentar la importación de fármacos de manera indiscriminada, porque el negocio de la importación era apropiarse con base a fraudes de divisas “preferenciales” mucho más baratas que en el mercado paralelo”. Eran las épocas de las “vacas gordas”, en las que Venezuela recibía el doble de lo presupuestado por cada barril de petróleo. Cuando llegaron las vacas flacas la importación de fármacos, como relata Sutherland, descendió en apenas tres años en 65%.

Un ejemplo del apetito voraz en canibalizar la producción local para favorecer el negocio impotador, en el rubro farmaceutico, lo constituye la empresa estatal Quimbiotec. Luego que en el año 1977 se promulgara la Ley de Transfusión y Bancos de Sangre, que contemplaba la instalación de plantas para la producción de hemoderivados, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) promueve la creación de la empresa Quimbiotec C.A, que arranca en 1988 y que diez años después una estaba produciendo albúmina. Para el año 2003 abastecía toda la red pública nacional de salud. Para 2010, según los registros, uno de cada trescientos venezolanos revivió tratamiento con hemoderivados producidos en el país por Quimbiotec. Ese año se produjeron 359.000 frascos de albúmina, lo que daba 140 kilos por millón de habitantes, cifra que colocaba a Venezuela como el país de América, después de EEUU y Canadá, que mejor atendía a su población en lo que a hemoderivados se refiere.

A partir del año 2012 el chavismo realmente existente decidió que la empresa debía sustituir los criterios científicos de producción por los políticos. Ese año se decidió que fuera el ministro de Ciencia y Tecnología quien nombrara el presidente de la empresa, potestad ejercida anteriormente por el IVIC. Comenzaron los cambios burocráticos y la sustitución de investigadores, con más de 20 años de servicio, por lealtades políticas. Para el año 2015, por primera vez en 25 años, la Planta Productora de Derivados Sanguíneos de Quimbiotec se paralizó. Los trabajadores que habían alertado y denunciado la situación no sólo fueron despedidos, sino perseguidos judicialmente. Si lo pensaron acertaron: Durante todo este proceso de “politización” de la empresa se empezó a comprar fuera lo que antes de producía adentro. Lo malo, para los intermediarios, es que el negocio se hizo en los últimos días de la bonanza económica. ¿Culpa de Donald Trump la escasez actual de albúmina en Venezuela? Recuerde la palabra “Quimbiotec” cuando escuche un acento venezolano comprando cajas de medicamentos en alguna farmacia en Colombia, o en otro país, para mandar a sus familiares.