En días pasados me invitaron a conversar sobre el país en una reunión de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela, una iniciativa para fomentar los diálogos binacionales entre diferentes sectores sociales y académicos. Comparto el contenido de la intervención.

Buenos días a todos y todas. Agradezco la invitación de los amigos de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela para hablar sobre la situación de los DDHH en Venezuela en la Emergencia Humanitaria Compleja.

Como es de conocimiento público han aparecido informes sobre la situación de los DDHH en el país que realizan un muy buen diagnóstico sobre su realidad. La semana pasada fue divulgado el de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, un documento de más de 400 páginas que hace un inventario de los horrores padecidos desde el año 2014 en materia de torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, persecución política, entre otros. Esta semana será presentado un nuevo informe por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que además de los derechos civiles y políticos abordará la situación de los derechos sociales.

Para favorecer el negocio importador se destruyó la capacidad local para la producción de medicamentos

Como estos documentos serán de dominio público, y cuentan con el aval de mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos de mucho prestigio, siendo el último ponente del día no los voy a aburrir con estadísticas y cifras que ustedes seguramente ya se imaginan. Sólo voy a hacer énfasis en algunos puntos que permiten tener algunos criterios para poder leer mejor ese tipo de documentos, y especialmente entender la respuesta a ellos que da el gobierno venezolano.

La primera es esta utilización del término “Emergencia Humanitaria Compleja” para hablar sobre la situación venezolana, un concepto que es bastante desconocido para la opinión pública y al cual hemos tenido que acudir para explicar el deterioro dentro del país. Tras el fin de la Guerra Fría en Naciones Unidas se buscó un término para describir el carácter diferenciado de las grandes crisis que comenzaron a aparecer, respecto a otras previas a 1989 que surgían a causa de conflictos armados o desastres naturales. En cambio, una EHC aparece por una serie de decisiones de naturaleza política que debilitan la capacidad estatal para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Una segunda característica es que sus consecuencias afectan gravemente a todos los órdenes de la vida, con un fuerte efecto destructivo y desestructurador. Por tanto la respuesta internacional debe actuar en diferentes dimensiones a la vez. La literatura disponible habla sobre la combinación de varias causas: La fragmentación del Estado, el hundimiento de la economía formal y auge de economías informales e ilegales, aparición de la hambruna y la desnutrición, el éxodo y las migraciones forzosas y, finalmente, el conflicto civil. Todos estos elementos están presentes en Venezuela.

Las ONG de derechos humanos como Provea alertamos la fragilidad de las políticas de disminución de la pobreza promovidas por Hugo Chávez a partir del año 2004, basadas en una improvisada redistribución de la alta renta energética que Venezuela recibió en la llamada “década de los commodities”, cuando los precios de sus principales productos de exportación habían aumentado de precio en el mercado internacional. Cuando estas profecías comenzaron a cumplirse, pues la caída del precio internacional del petróleo y el gas coincidió con el inicio de la presidencia de Nicolás Maduro en el año 2013, también alertamos sobre el inicio de un proceso general de empobrecimiento de la población. ¿Por qué estas alertas tuvieron que esperar que más de 4 millones de venezolanos se fueran de Venezuela para ser tomadas en cuenta?

Una parte de la respuesta tiene que ver con la eficaz campaña de propaganda y diplomacia que Hugo Chávez primero, y Nicolás Maduro después, desplegaron por el mundo entero. El gobierno se anticipó a la emergencia humanitaria compleja de dos maneras. La primera construyendo una narrativa que la usara a su favor, bajo el término “Guerra económica”, mediante la cual el gobierno era víctima de una conspiración y sabotaje universal que le impedía cumplir sus buenas intenciones de repartir la riqueza de manera igualitaria entre los venezolanos. Si ustedes revisan las intervenciones de los representantes del Estado venezolano en el Examen Periódico Universal, por ejemplo, se darán cuenta que el eje narrativo es la “Guerra económica”. En segundo lugar la asesoría cubana le permitió al gobierno venezolano construir una eficaz diplomacia de contención en el Sistema de Naciones Unidas, cuyos efectos siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. Una presencia en los mecanismos de la ONU además, en los que el gobierno jugó de manera solitaria durante mucho tiempo, pues la sociedad civil venezolana sólo estábamos familiarizados con el sistema regional de protección de la OEA, la Comisión y la Corte Interamericana. Esta eficacia logró que ya cuando era evidente la existencia de una EHC en nuestro país, diferentes agencias de Naciones Unidas siguieran dando reconocimientos al gobierno de Nicolás Maduro por sus supuestos avances y logros en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A diferentes niveles el gobierno logró que se ubicaran funcionarios afines a su proyecto en las Agencias de la ONU que trabajaban dentro del país. Hoy incluso quien coordina todo el trabajo de asistencia humanitario de la ONU en Venezuela es una persona claramente identificada con el gobierno, y que ha sido cuestionada en público y en privado por las organizaciones de la sociedad civil. En resumen, Nicolás Maduro ha aprendido a cómo trabajar con el Sistema de Naciones Unidas para ganar tiempo y retrasar iniciativas comprometedoras con su gestión. Por ejemplo, hoy el gobierno continúa logrando que el término “crisis humanitaria” o “emergencia humanitaria completa” desaparezca de la mayoría de los informes de las Agencias de la ONU sobre Venezuela.

Cuando aparecen las sanciones financieras contra el país, el gobierno venezolano vio una oportunidad de avanzar en su narrativa de victimización. Ahora se ha dejado de hablar de la guerra económica para usar el argumento que las sanciones son las responsables de todos los males de Venezuela. ¿Son las sanciones responsables de, por ejemplo, la escasez de medicinas en el país? A responder esta pregunta voy a dedicar lo que me resta de mi intervención.

Las primeras sanciones contra Venezuela fueron aprobadas a medidados del año 2017, tiempo después a la aparición de la crisis económica en el país, como dijimos anteriormente. Fue precisamente el empobrecimiento generalizado de la población y la crisis de los servicios básicos la que estimularon el voto castigo contra el gobierno en diciembre de 2015, cuando el chavismo se convirtió en una minoría electoral por un margen de dos millones de votos. La crisis entonces ya existía cuando se aprueban las primeras sanciones. Una crisis que, reconocemos, se ha exacerbado como consecuencia de estas medidas. Por eso coincidimos con la opinión del ACNUDH y la CIDH en que estas medidas deben flexibilizarse en tiempos de pandemia.

Provea ha encargado al economista Manuel Sutherland un informe sobre el impacto de las sanciones, cuya actualización será pronto publicado en nuestro sitio web. Sobre los medicamentos Sutherland recuerda que para el año 1998, año en que Hugo Chávez gana por primera vez la presidencia venezolana, la importación de medicamentos fue de 222 millones de dólares. Para el año 2012, 5 años antes de las primeras sanciones, la compra de medicamentos en el exterior sumó la cifra de 3.410 millones de dólares. “El gobierno prefirió aumentar la importación de fármacos de manera indiscriminada, porque el negocio de la importación era apropiarse con base a fraudes de divisas “preferenciales” mucho más baratas que en el mercado paralelo” (Explicar). Eran las épocas de las “vacas gordas”, en las que Venezuela recibía el doble de lo presupuestado por cada barril de petróleo. Cuando llegaron las vacas flacas la importación de fármacos, como relata Sutherland, descendió en apenas tres años en 65%.

Para favorecer el negocio importador se destruyó la capacidad local para la producción de medicamentos. Un ejemplo era la empresa pública Quimbiotec C.A., que para el año 2010 satisfacía la demanda nacional de albúmina, con 359.000 frascos ese año. A partir del año 2012 el gobierno intervino la empresa y, tres años después, ya se encontraba paralizada. La albúmina que se producía en el país se comenzó a importar desde Argentina. Hoy no hay dinero para continuarla comprando y tampoco hay producción local. La gran afectada por esta situación es la población venezolana.

Antes de finalizar una consideración inicial y es la total ausencia de transparencia en la gestión oficial. Los venezolanos no tenemos estadísticas ni datos de ninguna especie sobre ninguna situación. Ni siquiera, por ejemplo, el índice mensual de inflación, necesario para las elementales tomas de decisiones en materia económica. Lo que existe es la hiperpropaganda, la difusión de cifras delirantes sin ningún asidero con la realidad. Por ejemplo, en materia de vivienda el gobierno asegura que en el año 2019 construyó medio millón de casas. 500 mil viviendas nuevas en un país con una severa crisis económica. Las cifras que Provea ha podido constatar, en cambio, hablan que se edificaron apenas 4.820 viviendas. Esta situación de opacidad ha alcanzado un nuevo nivel ahora bajo la pandemia por el Coronavirus, donde no sólo se difunden cifras maquilladas, sino que se criminaliza y se amenaza a quien, desde criterios técnicos, divulgue sus propias cifras. Hasta ahora los únicos que han asumido el costo de hacer una proyección han sido la Academia de Ciencias Naturales, que estima que en los próximos meses tengamos entre 7 mil a 14 mil casos diarios, con un aproximado de 140 a 210 fallecimientos por día. Por el incremento de los niveles de censura, los medios independientes están informando con mucha cautela sobre la evolución de la enfermedad. El aumento de los mecanismos de control está creando una “nueva normalidad” que será la nueva realidad para los venezolanos, con menor capacidad de disfrute de sus derechos.

Gracias