Rafael Uzcátegui
Especial para La Silla Vacía

A mediados del año 2002 asistí a una conferencia que Ignacio Ramonet daba en Caracas, cuando iniciaba su entusiasmo por el bolivarianismo venezolano. Luego de detallar las estrategias de manipulación de información, el final de su exposición trató de cómo, en contextos de censura y autoritarismo, los ciudadanos de a pie burlan el control burlándose de sus gobernantes. Aquello podía tomarse como un curioso consejo para el futuro. Pero que costó caro a quienes lo siguieron.

En septiembre de 2018, en el poblado más alto de Venezuela, dos bomberos decidieron aligerar el tiempo muerto grabando un video en el que comparaban al primer mandatario con un burro. Entre risas, el video de casi dos minutos de duración anunciaba “la inspección del presidente Maduro a la estación de bomberos de Apartaderos”. Había pasado un año desde las protestas del 2017, que el gobierno acabó con más de 140 muertos e imponiendo una ilegal Asamblea Constituyente, por lo que centenares de venezolanos decidieron comenzar a pie la huida del país. Bajo aquella rabia sorda, el video se viralizó rápidamente. El 12 de septiembre el cabo segundo Ricardo Prieto y el sargento segundo Carlos Varón, adscritos a la Estación Número 8 de la localidad de Apartaderos en el estado Mérida, fueron detenidos por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM). A pocos días del arresto, Nicolás Maduro se molestó con el corresponsal de AFP quien le preguntó sobre el caso. El mandatario increpó a Esteban Rojas: “¿Tú consideras que esa pregunta corresponde a esta rueda de prensa?, ¿tú eres periodista? ¿te graduaste en dónde?”. Los bomberos fueron excarcelados el 32 de octubre, cuando les fue otorgada libertad condicional con medida de presentación cada 30 días, prohibición de salida del estado y ofrecer declaraciones sobre su caso a los medios de comunicación. Los delitos que se les imputaron fueron “instigación al odio”, según la llamada Ley contra el Odio, y “vilipendio e instigación pública con agravantes”, según el Código Penal. En julio de 2019 los oficiales, que tenían 15 y 10 años de servicio, fueron destituidos mientras su causa sigue abierta. Algunos de sus familiares directos también han sufrido represalias.

El caso de los bomberos merideños reflejaba los peligros de ejercer el derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Luego de los años de gobierno de Hugo Chávez, la gestión de Nicolás Maduro se ha caracterizado por la perdida de apoyo popular y la crisis económica, lo que ha aumentado los mecanismos represivos para contener el descontento, especialmente en los barrios del país. Sin embargo, si la situación de las libertades políticas ya era difícil, la llegada del Coronavirus ha sido la oportunidad para que el autoritarismo pise el acelerador. La cuarentena ha neutralizado las posibilidades de movilización y denuncia. Las informaciones relativas a la evolución de la pandemia son de exclusiva vocería oficial. Quien disienta, o divulgue otros datos, puede tener consecuencias. En los dos primeros meses del “estado de alarma” 22 periodistas y 11 miembros del personal médicos fueron detenidos por informar sobre las limitaciones para el abordaje del virus. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales divulgó un informe que proyectaba que durante los meses de julio a septiembre se podía registrar el momento más crítico de contagio, con hasta 2.000 casos diarios. La respuesta oficial fue la criminalización y descalificación. A comienzos del pasado mes de junio, la ONG Espacio Público divulgó que desde el inicio de la cuarentena iban 26 detenidos por difundir en línea mensajes críticos a la gestión de Nicolás Maduro. De éstos, nueve personas fueron aprehendidas por mensajes o publicaciones en sus estados de Whatsapp.

El caso más reciente de persecución por sus opiniones ha sido la detención de Nicmer Evans, activista político y director del portal digital “Punto de corte”. Durante mucho tiempo fue un activo militante del proyecto bolivariano, siendo uno de los primeros “chavistas disidentes” que denunció el abuso de poder ordenado desde Miraflores, generando el espacio político para que otros lo siguieran. A través de su trabajo comunicacional y desde sus redes sociales, Evans realizaba los señalamientos con el mismo tipo de lenguaje duro y confrontacional que el chavismo reserva para sus adversarios. El 14 de julio logró grabar un mensaje en el momento de su detención: “Yo fui chavista pero nunca lo fui para esto. Yo fui chavista y nunca lo fui para atentar contra la gente”. 3 días después el tribunal 21 de control le dictó privativa de libertad por el supuesto delito de “instigación al odio”. La ley que estipula entre 10 y 20 años de prisión por esta razón fue aprobada irregularmente por la Asamblea Nacional Constituyente en noviembre 2017, un ente que según la propia Carta Magna sólo tiene como función la discusión de una nueva Constitución, pero que ha venido legislando desde sus inicios. Quizás por esta razón se insiste, de entrada, en su supuesta legalidad: “Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”.

Lo que se pensaba que podía funcionar como disuasión al abuso de poder, la presencia de funcionarios del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el territorio, ha sido testigo del deterioro. En Venezuela el Coronavirus está construyendo una “nueva normalidad”, con menores resquicios para el ejercicio de los derechos políticos y mayores mecanismos de represión. Quienes seguimos dentro, y nos negamos a irnos del país, estamos aprendiendo a cuidar nuestro silencio, a medir las palabras, a ser cautelosos en los foros de whatsapp. Los venezolanos estamos aprendiendo a sobrevivir a una dictadura.