Rafael Uzcátegui
Especial para La Silla Vacía

Usemos una cruel metáfora futbolista. Si usted es la Vinotinto venezolana y debe jugar contra la Argentina de Messi, tiene dos opciones: O pierde honradamente por el menor margen posible o gana el partido, a toda costa, con malas mañas. Como sería demasiado evidente la compra de los árbitros, para sentenciar penales donde no los hay, la alternativa es hacer todo lo posible para que “La pulga” y toda la primera división albiceleste no se presenten el día del torneo en el engramado, que en el lenguaje deportivo se conoce como “forfeit”. Desde el año 2018 algo similar está ocurriendo en las elecciones venezolanas.

Una fecha clave fue diciembre del 2015, cuando por primera vez la oposición venezolana le ganó una contienda electoral al bolivarianismo, por un holgado margen de dos millones de votos. Hugo Chávez había fallecido dos años antes, dejando huérfano a un movimiento político basado en el culto a la personalidad. El mejor momento electoral del chavismo ocurrió, precisamente, en su última contienda electoral, diciembre 2012, cuando recibió a su favor más de 8 millones de votos. Cuando se anuncia su fallecimiento, en marzo de 2013, el oficialismo organiza rápidamente las votaciones, entre otras cosas, para aprovechar la conmoción por la desaparición del caudillo. Nicolás Maduro gana por un estrecho margen sobre la oposición, perdiendo en 6 meses la cantidad de 615.428 sufragios. Este declive del chavismo se catalizó con la aparición de una severa crisis económica. La transformación del “Socialismo del Siglo XXI” en una minoría electoral era cuestión de tiempo, lo que se confirmó en las parlamentarias de finales del 2015.

La pérdida del apoyo popular del chavismo es irreversible. Por ello, rápidamente empezó a tomar decisiones para inventar una fórmula que lo mantuviera en el poder, ganando elecciones, aún siendo minoría. Luego de la renovación irregular de los magistrados de la Sala Constitucional del principal tribunal del país, para aparentar legalidad a lo que vendría después, se suspendieron los procesos electorales pendientes mientras se afinaba el conjunto de procedimientos para espantar los votos en contra de las urnas.

La fórmula estuvo lista para las elecciones presidenciales del año 2018. El primer ingrediente fue adelantarlas 8 meses, con lo que se reducían todos los plazos, se reforzaba el mensaje de la voluntad arbitraria oficial y se dejaba rápidamente en minusvalía a quien no contara con el aparataje estatal a su favor. Sólo 6 días de plazo tuvieron los que deseaban inscribir postulados por iniciativa propia para recoger el 5% de las firmas del Registro Electoral exigidas para ello; El operativo para inscribir a nuevos electores sólo duró 20 días. La duración de la propia campaña electoral no permitía, aunque se hiciera una gira intensa, visitar todos los estados del país para dar a conocer al candidato y sus promesas. Súmele a esto un amplio desequilibrio informativo, donde todo el sistema público de medios hace campaña a favor del candidato bolivariano.

Otro elemento lo constituye el llamado “Carnet de la Patria”, un mecanismo de identificación de la población, controlado por el partido de gobierno, que usa parte de la propia tecnología usada en las elecciones, como las “máquinas captahuellas”. Para acceder a las pocas políticas sociales que aún existen es requisito tener está cédula de identidad paralela, un censo eficaz para la movilización el día de las votaciones y que instala la idea, en la mente de los votantes, que es posible saber la opción por la que se eligió en el momento del sufragio. No podemos obviar el siguiente detalle: En las proximidades del centro electoral se instala un “punto rojo”, violando todas las prohibiciones sobre la realización de proselitismo durante la jornada, en el cual toman la asistencia de todos los patriotas carnetizados.

Un tercer ingrediente es la inhabilitación política tanto de los opositores con mayor popularidad como de los principales partidos de oposición. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un decreto que los obligó a someterse a un proceso de validación de su militancia, condición que no está contemplada en la legislación electoral vigente, ilegalizando así los partidos: Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Partido Unión y Entendimiento (Puente) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Además, no se ha permitido la legalización de organizaciones políticas del llamado “chavismo disidente”, como Marea Socialista (MS). El chavismo no quiere competencia, ni por la derecha ni por la izquierda. Esto se ha refinado con la política de intervenir la junta directiva de los partidos para imponerle un liderazgo leal, con lo que tendrían la posibilidad de participar, con su tarjeta, colores y símbolos, en elecciones para simular una contienda diversa y participativa.

Otros aderezos parecen menores, pero son igual de efectivos. El cambio de centros electorales a última hora, que afectan sólo a votantes de perfil opositor; La caravana de motorizados oficialistas alrededor de los centros electorales, que rememora la actuación de los civiles armados pro-gobierno; la extensión o cierre temprano de la jornada electoral, según convenga o el anuncio que el o los ganadores deben juramentarse frente a la ilegal Asamblea Nacional Constituyente. El principal promotor del abstencionismo en Venezuela dejó de ser la izquierda revolucionaria sino el propio Estado.

La suma de todo lo anterior es lo que logra que una opción que apenas tiene la posibilidad de obtener el 20% de los sufragios, pueda alzarse con la victoria en las elecciones, pues del 80% en contra apenas el 12% de los votos en contra son depositados finalmente en las urnas. Hacer lo posible e inimaginable por que sus contrarios pierdan por forfeit.