A pocos días de iniciar los eventos en conmemoración de su quinto aniversario, el Comité de Víctimas Contra la Impunidad del estado Lara recibió un derechazo en el alma: el asesinato de uno de sus integrantes. El 26 de noviembre pasado, dos personas desconocidas abordaron, en horas de la mañana, a Mijail Martínez en las puertas de su domicilio, y tras llamarlo por su nombre le realizaron varios disparos mortales en el pecho. Este joven de 24 años se había relacionado con el Comité de Víctimas casi desde su fundación, registrando en video muchas de sus actuaciones para un documental sobre la respuesta popular a la impunidad que, desde hace cinco años, se despliega en la región larense.

Mijail es hijo de Víctor Martínez, un luchador social que acompañó al futuro presidente venezolano desde su encierro en la Cárcel de Yare hasta la formación del Movimiento V República, por el cual salió electo como concejal, y posteriormente diputado, a la Asamblea Legislativa del estado Lara. Sin embargo, la degradación de los cuerpos policiales, y la implicación de altos funcionarios gubernamentales en hechos irregulares, fueron progresivamente alejándolo del proyecto bolivariano. A través de los micrófonos de la radio y la televisión regional, sin embargo, y con el apodo mediante el cual era conocido popularmente, “guaro pelao”, denunciaba con nombres y apellidos los nombres de los incursos en hechos de corrupción, la mayoría antiguos compañeros de tolda. Y en esta labor de acompañamiento de las comunidades, Mijail era su compañero, asistente y camarógrafo. Con lágrimas en los ojos y los puños crispados, Víctor no dudó en denunciar el hecho como un sicariato que pretendía callar sus señalamientos a, quienes como alguna vez dijo el Ché, llevaban la revolución en la boca para vivir de ella. Esta afirmación reviste de una particular gravedad, pues estaríamos ante un crimen de naturaleza política contra la disidencia, el cual recuerda muchas situaciones que creíamos superadas en el continente.

Según el monitoreo realizado por Provea la policía de Lara se encuentra en el primer lugar de los cuerpos policiales regionales involucrados tanto en violaciones al derecho a la vida como en otros hechos delictivos. El propio Comité de Víctimas contra la Impunidad ha realizado un registro pormenorizado de las prácticas irregulares más frecuentes en la ciudad crepuscular. Una de ellas es la que han denominado “cajeros automáticos humanos”, en donde los funcionarios policiales cuentan con una lista de personas a las cuales, periódicamente, extorsionan. Muchos de estos ciudadanos, humildes trabajadores de la economía informal, han sido objeto de una “siembra” de drogas en operativos, y bajo la amenaza de la apertura de un expediente, el cual los conduciría a la peligrosa cárcel de Uribana, mensualmente deben cancelar sumas que no bajan de mil bolívares. Una segunda práctica es la intervención activa de funcionarios en “secuestros express” y en robo de vehículos. Cuando los familiares de los afectados asisten al sitio convenido a pagar la tarifa acordada, se percatan que la operación está siendo convenientemente protegida por automóviles oficiales de la policía regional. Si repitiéramos los testimonios acerca de la existencia grupos de exterminio y comandos parapoliciales, esta columna se convertiría en un sórdido relato de horror e indefensión.

Este réquiem compuesto en la propia ciudad musical del país ha sido, inconvenientemente, contextualizado por el Comité de Víctimas. El organigrama que han dibujado acerca de los mecanismos de impunidad en la región ha sido encabezado por comandantes y gobernadores, como fue el caso del general (GN) Jesús Armando Rodríguez Figuera y el Teniente Coronel de la Aviación Luis Reyes Reyes. Con testimonios, evidencias y conexiones, este grupo regional de defensa de los derechos humanos logro demostrar como el incremento de la inseguridad y la delincuencia iba a la par de la expansión de una mafia policial amparada por la propia casa de gobierno regional. Ni la Fiscalía General de la República ni la Defensoría del Pueblo investigaron estas graves acusaciones y, paradójicamente, el antiguo gobernador fue promovido al cargo de Ministro de la Secretaría de la Presidencia, un cargo de confianza en el entorno del Primer Mandatario.

Esta es la situación a la cual han dado respuesta desde la comunidad una constelación diversa de organizaciones populares en la región centrooccidental. El trabajo del Comité de Víctimas contra la Impunidad es fortalecido por otros colectivos como el Frente Clasista Argimiro Gabaldón, la asociación de comerciantes de Quíbor, la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UCLA o el Observatorio de Derechos de las Mujeres capítulo Lara, quienes, algunos más que otros, han logrado conservar su autonomía y su capacidad de autoconvocatoria pese a las diatribas de la polarización que ha signado el panorama político del país. Y si uno se reconcilia con el género humano al conocer que estas experiencias se desarrollan contra viento y marea, queda en el aire la pregunta de por qué no hay mas reacciones de este tipo en el resto del territorio, siendo la seguridad ciudadana, consensuadamente, el principal problema sentido por venezolanos y venezolanas.

Pese al silencio de algunos y algunos, las evidencias señalan que en el país se ha comenzado a asesinar por pensar diferente, y como efectivamente afirma la propaganda gubernamental, lo extraordinario se está volviendo cotidiano. Reciban los familiares, amigos y amigas de Mijail Martínez nuestras palabras de afecto en esta hora menguada. (Rafael Uzcátegui. Correo del Caroní, 01.12.09)