Desde el año 2002 diferentes organizaciones de derechos humanos han solicitado la visita a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID). Sin embargo, esta petición ha alcanzado relevancia recientemente tras haber sido incorporada a las reivindicaciones de una parte del movimiento estudiantil. ¿Qué es la CIDH?, ¿Cuáles son las funciones que realiza cuando visita los países?, ¿Qué consecuencias puede generar?

La CIDH es un organismo, junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual se encuentra conformado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, principalmente, junto con sus protocolos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (conocido como Protocolo de San Salvador); el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, así como las tres Convenciones Interamericanas sectoriales sobre prevención y sanción de la tortura, desaparición forzada de personas y prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.

Una normativa adicional la constituye la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Todos los anteriores acuerdos han sido suscritos por los Estados partes de la Organización de Estados Americanos (OEA), como Venezuela, por lo cual son de obligatorio cumplimiento. De hecho, uno de los avances normativos presentes en la Constitución venezolana, aprobada en el año 1999, fue haber dado rango constitucional a todos estos acuerdos.

En el año 1959, ante la presencia de gobiernos de facto en el continente, la OEA crea la CIDH con el objetivo de velar por el respeto a los derechos humanos en la región. Venezuela cumplió un papel destacado en la génesis de esta organización, al punto que su primer presidente fue el escritor y estadista Rómulo Gallegos. Los miembros de la Comisión son propuestos por los Estados miembros de la OEA y se eligen en la Asamblea General. Con frecuencia sus integrantes son abogados o abogadas, con solvencia moral y amplios conocimientos en la materia. Por ejemplo, en marzo del 2009 la abogada venezolana Luz Patricia Mejías fue electa presidenta de la Comisión, funciones que comparte junto a 6 delegados más, quienes ejercen durante cuatro años con la posibilidad de ser reelegidos una sola vez. Sin embargo, para evitar conflictos de intereses, estos comisionados y comisionadas no pueden participar en deliberaciones sobre casos de sus países de origen.

Entre las funciones de la Comisión se encuentra la concienciación en materia de derechos humanos tanto a los presidentes como a los pueblos del hemisferio; hacer recomendaciones en la materia a los gobiernos; la preparación y divulgación de informes; solicitarles información a los países sobre sus políticas sociales; servir de órgano consultivo para los gobiernos así como la recepción de denuncias sobre casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.

Una de las herramientas que posee la Comisión para ejercer sus funciones son las llamadas “Visitas in loco”. Estas visitas tienen como objetivo la búsqueda de información, visibilizar la situación de garantía o no de los derechos humanos del país, generar diálogos entre el Estado y los diferentes actores sociales así como ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de presentar ante la Comisión sus opiniones o denuncias sobre la situación de derechos humanos del país.

Las visitas de la Comisión no tienen un carácter punitivo ni pretenden vulnerar la soberanía del país. Para concretarse deben contar con una invitación o, por lo menos, la anuencia del gobierno. Los países miembros de la OEA no están obligados a admitir la entrada de la Comisión a su territorio nacional. Sin embargo, la aceptación de su visita se interpreta como una señal política de su disposición a reconocer las deficiencias existentes, aunque también es una oportunidad para demostrar los avances y garantías en materia de derechos humanos. Una vez aprobada la delegación, la Comisión posee absoluta libertad de movimiento, y generalmente divide su tiempo equitativamente entre reuniones con autoridades y organizaciones no gubernamentales y otros actores no estatales. Durante las observaciones in situ, la Comisión por lo general visita ciudades, pueblos y áreas rurales para obtener una mejor idea y comprensión de la realidad económica y política del país. Durante estas diligencias, recibe una cantidad enorme de testimonios orales y escritos. Posteriormente, la Comisión está obligada a presentar un análisis escrito de sus impresiones que se incluye en el Informe Anual dirigido a la Asamblea de la OEA, y en múltiples oportunidades ha sido difundido como un informe especial, con recomendaciones al Ejecutivo Nacional.

Recientemente se cumplieron 30 años de la visita de la Comisión a Argentina en plena época de dictadura militar. Recientemente, la CIDH visitó Honduras para observar la situación del país, contando con la anuencia del propio gobierno de facto. La negativa venezolana de autorizar la visita de la Comisión coincide con la postura tradicional asumida por el Gobierno cubano y genera suspicacias innecesarias. Si el gobierno afirma que ha beneficiado ampliamente a los sectores populares, ¿Por qué no utiliza la visita de la Comisión como tribuna para divulgar sus bondades? Venezuela, si no tiene nada que ocultar, debe rectificar en su rechazo a permitir la visita de la CIDH al país. (Correo del Caroní, 05.10.09)