Presuntos responsables coordinarán exhumaciones en víctimas del Caracazo

En los últimos meses el Ministerio Público ha anunciado su disposición de adelantar las investigaciones sobre los casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país en las décadas de los años 60, 70 y 80. Esta voluntad política evidencia una postura diferente a la que mostraron los gobiernos anteriores a los del presidente Chávez. Sin embargo la actuación de las instancias gubernamentales, además de buenas intenciones y discursos floridos sobre respeto a los derechos humanos, debe realizarse de manera transparente, mediante procedimientos que despejen cualquier sombra de parcialidad o instrumentalización política de los casos.

Estas precondiciones parecen no cumplirse en las iniciativas adelantadas para las víctimas del Caracazo. La fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, difundió que su despacho ha realizado dos mil diligencias, en un lapso de tres meses, con el fin de culminar la investigación y determinar las responsabilidades penales de las personas involucradas en los hechos violentos del 27 y 28 de febrero. Como la propia institución ha recordado, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 11 de noviembre de 1999 y 29 de agosto de 2002 condenó al Estado venezolano a la indemnización de las víctimas, culminar la investigación, establecer la responsabilidad y localizar, exhumar, identificar y entregar los restos de las víctimas fatales a sus familiares. Dentro de esas labores, Díaz destacó la necesidad de realizar las experticias a los cadáveres ubicados en La Peste, así como realizar un diagnóstico sobre las condiciones en las que se encuentran el lugar donde permanecen las víctimas. Para ello, se publicaron listas de los fallecidos y fallecidas, invitando a sus familiares a que consignen una serie de documentos, anunciando una próxima indemnización. “Adicionalmente -apunta la nota de prensa oficial-, se propuso y existe un fuerte compromiso por parte de las autoridades militares de no sólo prestar seguridad (día y noche) y resguardar el área en el que se harán las exhumaciones, sino además ubicar un galpón en Fuerte Tiuna para colocar los restos de las víctimas y realizar las debidas experticias con la eficiencia y rapidez necesaria”.

Esta última afirmación ha despertado serias preocupaciones entre los familiares de las víctimas, 15 de ellas organizadas y representadas por Cofavic. En primer lugar, parece soslayarse el hecho de que los restos ya han sido exhumados, y según el mandato de la sentencia de la CIDH, queda la responsabilidad estatal de identificar las osamentas y entregarlas a sus familiares. En segundo lugar, el hecho de que los responsables de los asesinatos sean los que habiliten un espacio físico y resguarden las experticias vulnera la idoneidad del procedimiento y genera innecesarias suspicacias. Además, el equipo de trabajo designado por la Fiscalía General de la República para la exhumación está integrado por el director del Comando General del Ejército y el comandante General del Core 5 de la Guardia Nacional. La participación de estos órganos militares compromete severamente la plena independencia y el debido proceso de todas las investigaciones a realizar, tomando en consideración que en buena parte de los presuntos responsables de los crímenes cometidos en los sucesos del Caracazo son, presuntamente, funcionarios militares activos.

En América Latina se han realizado diferentes pesquisas para determinar responsabilidades en casos de violaciones graves a los derechos humanos. Los procedimientos científicos se han realizado tanto por un comité de expertos locales como por equipos extranjeros designados para tal efecto, de manera que las conclusiones fueran contrastadas y ofrezcan resultados, tanto a los familiares como a la sociedad, rigurosos y confiables. Por ello Cofavic ha solicitado que el proceso sea acompañado por un equipo de técnicos extranjeros, con experiencia en procedimientos similares y avalados por organizaciones de derechos humanos. Sin embargo esta petición, de mero sentido común, ha sido criminalizada por el Ministerio Público: “Vale destacar -afirma una nota de prensa- que en la reunión, la fiscal General calificó como innecesaria la propuesta de representantes de una Organización No Gubernamental (ONG) que exigieron la participación de expertos extranjeros durante la exhumación (…) Hubo coincidencia en los asistentes a la reunión en que el objetivo es crear una matriz de opinión para descalificar la labor de los especialistas forenses venezolanos”.

Los familiares, representados por Cofavic, han expresado inequívocamente su apoyo a que el Estado haga justicia, petición en la que no han desfallecido en los últimos 20 años. Sin embargo, exigen que los procedimientos se realicen con la participación de los allegados a las víctimas, manteniéndolos informados de todas las actuaciones que pretendan hacer cumplir la sentencia. Asimismo, solicitan que en aras de la imparcialidad del proceso se abstenga de utilizar recintos y personal de la Fuerza Armada Nacional para el resguardo y manipulación de la evidencia hallada en las fosas de La Peste, así como la participación en el proceso de exhumación de un segundo equipo científico que blinde el proceso de identificación de víctimas y recolección de pruebas forenses.

Provea está dirigiendo comunicaciones a diferentes instancias gubernamentales venezolanas para apoyar las solicitudes de este grupo de familiares. Si usted desea recibir una carta modelo y diferentes posibles destinatarios, envíenos un e-mail a // <![CDATA[
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