En su discurso pronunciado el pasado martes 11 de agosto, con motivo de la entrega de su informe de gestión 2008 a la Asamblea Nacional, el Contralor General de la República, Clodovaldo Russián, diagnosticó diferentes rezagos del gobierno nacional para garantizar diferentes derechos sociales de los venezolanos y venezolanas.

Con respecto a la Misión Alimentación, el funcionario afirmó que el burocratismo y la indolencia, asedian los propósitos gubernamentales de lograr la seguridad alimentaria de la población, lo cual indicó era producto de las “viejas fallas de la burocracia gubernamental” que impedían el cumplimiento de las metas en cuanto a la producción, abastecimiento y distribución de alimentos para la ciudadanía. Tras analizar la actuación de Mercal en los últimos años, el Contralor llegó a la conclusión que los niveles de producción, importación y abastecimiento de los rubros leche, pollo y azúcar, en el periodo de referencia, no fueron suficientes para satisfacer la demanda. Entre algunas de sus razones, se encuentran los retrasos en la ejecución de la mayoría de los proyectos a cargo de la Corporación Venezolana Agraria; la CVA Lácteos, S.A; la Empresa Socialista Lácteos del Alba; y Mercal. En particular, en lo que concierne al rubro azúcar, apuntó en su discurso, ha incidido negativamente el retraso en la culminación de los centrales azucareros de los estados Cojedes, Monagas, Sucre y Trujillo, bajo la responsabilidad de CVA Azúcar, S.A., así como del Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora (CAAEZ), en el estado Barinas, bajo la responsabilidad de la Corporación Venezolana Agrícola, S.A.

Otro aspecto resaltado por Russián, en cuanto a las políticas estatales para garantizar el derecho a la alimentación, fue el deficiente mantenimiento de los almacenes de alimentos y la desidia en el manejo de la “cadena del frío”, lo cual pone en riesgo la estabilidad del servicio estatal de abastecimiento alimentario. Entre las irregularidades detectadas en los centros de acopio, se encontraron las condiciones de seguridad e higiene de las cavas y espacios de almacenamiento; Fallas en el control contable de las entradas y salidas de mercancías; deficiente programación en las compras y en el manejo de los inventarios, así como limitaciones en la capacidad de almacenamiento. Las pesquisas de la Contraloría, al respecto, detectaron diferentes casos de alimentos almacenados en estado de descomposición, envases rotos y oxidados, inventarios de mercancías adquiridas de manera extemporánea con problemas serios de rotación, como por ejemplo los rubros tradicionales del feriado navideño.

Los centros de acopio y los módulos tipo I de Mercal presentan, según expresó el funcionario, diferentes deficiencias tanto en la ventilación como en su iluminación. Los techos, el momento de las inspecciones, eran de asbesto (amianto), clasificado como altamente tóxico o peligroso; las paredes, techos y pisos tenían filtraciones, grietas, erosión, defectos de relieve; además no fueron construidos con materiales impermeables que evitaran la acumulación y absorción de humedad; las ventanas de todas las instalaciones inspeccionadas, no contaban con las mallas contra insectos. La llamada “cadena de frío” no presentó mejores resultados. Equipos funcionando por debajo de la capacidad instalada de congelación; otros inoperativos; algunos con daños severos en las puertas, abolladuras y altos niveles de condensación en su interior, debido a la falta del sistema de cerrado hermético. Algunos de los centros de acopio carecían de equipos de refrigeración. Con respecto a las condiciones de seguridad, higiene y salubridad, se determinó la inexistencia de permisos sanitarios para el uso de las instalaciones; el personal no contaba con los certificados médicos vigentes; los locales carecían de sistemas destinados a la detección y extinción de incendios.

En cuanto al derecho a la vivienda, una de las políticas más débiles del gobierno bolivariano, el informe de la Contraloría describió también algunas de sus tendencias. El Estado en materia de vivienda, aseguró Russián, no ha logrado la concreción de una gestión unificada en la planificación, coordinada en la ejecución, eficaz en los resultados y controlada en las adjudicaciones a los beneficiarios. El informe describe la reiterada la inobservancia de los procesos licitatorios o de los concursos de precios, en algunos casos bajo el amparo de la declaratoria de emergencia por autoridades sin competencia para hacerlo. Además, en su alocución a la Asamblea Nacional, estimó como deficiente y precaria la vigilancia e inspección de los procesos de ejecución de las obras, lo que explicaría su frecuente paralización, el incumplimiento de los plazos de entrega, la terminación incompleta y de calidad defectuosa, la inejecución de las cláusulas penales, la tardanza u omisión en la exigencia de la devolución de los anticipos de fondos, no amortizados. Asimismo, Clodovaldo Russián calificó como un “cuadro dantesco” la situación de ocupación de edificios, casas y terrenos, los cuales a su juicio “contribuye a entorpecer la planificación y ejecución de los programas gubernamentales de vivienda”.

El discurso de Clodovaldo Russián, así como el informe 2008 de la Contraloría, puede ser descargado de http://www.cgr.gob.ve/. ¿Tendrá la capacidad, el Ejecutivo Nacional, de escuchar los señalamientos de sus propios órganos contralores? (Correo del Caroní, 17.08.09)