Si en algo coinciden todas las encuestas y sondeos de opinión del país es acerca de la primacía de la inseguridad personal como el principal problema de venezolanos y venezolanas. Algunos insisten en la naturaleza mediática de dicho malestar, sin embargo, los propios datos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), estimaron en 14.000 la cantidad total de homicidios ocurridos entre nosotros en el año 2008. Dicha cifra nos ubica como uno de los países más peligrosos del continente.

La violencia ha perneado todos los ámbitos de nuestra sociedad y, junto con la pobreza, se está convirtiendo en uno de los principales factores transgresores de los derechos humanos. Además del derecho a la vida, vulnerado por la omisión del Estado en establecer políticas públicas integrales que reviertan dicha situación, la actual inseguridad socava los derechos sociales. Por ejemplo el derecho a la salud, cuando por acción de los antisociales los hospitales públicos no pueden garantizar la seguridad de sus trabajadores (médicos y empleados) ni de sus pacientes, o cuando alguno de sus servicios es suspendido por la falta de galenos, quienes además de la poca remuneración por sus servicios deben, además, exponer su propia vida para cumplir con el juramento hipocrático. Si las escuelas públicas son desvalijadas por la acción del hampa, después de esperar años por una dotación del ministerio, se merma asimismo el derecho a la educación. Si las familias deben encerrarse en sus casas como elemental medida de protección, y los niños y niñas no pueden disfrutar tranquilamente de parques, plazas o canchas deportivas, se disminuye la calidad de vida junto con el derecho a la recreación. En esta dirección podríamos realizar un inventario de cómo la violencia atenta contra el disfrute de cada uno de los derechos humanos en Venezuela.

A pesar de esta situación, en que nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás ha sido radicalmente transformada por la violencia urbana, para la magnitud del problema aun son escasas las respuestas desde la sociedad. Una tendencia, expresada por algunos voceros del Ejecutivo Nacional, ha venido insistiendo en la necesidad de delegar funciones policiales en las comunidades organizadas, apoyándose para ello en la noción de “corresponsabilidad” expresada en la Carta Magna. Por tanto, según el razonamiento, el Estado y los ciudadanos serían responsables a partes iguales de implementar políticas de seguridad públicas. En esta dirección parece inscribirse la necesidad de la creación de una “Policía Comunal”, la cual trabajaría para coordinar los planes de seguridad en conjunto con la comunidad, específicamente –según su normativa- con los consejos comunales. Sin embargo, la ambigüedad con la que se adelanta esta política puede ocasionar actuaciones discrecionales. Según el manual de normas y procedimientos del servicio de Policía Comunal, una de las atribuciones del organismo sería organizar una red de información primaria, para un “conocimiento óptimo de su área de responsabilidad” mediante la recopilación de datos socioeconómicos y demográficos de la comunidad, expectativas y preocupaciones de las instituciones y población, así como de la inseguridad, conductas desviadas, grupos en riesgo, manifestaciones delictivas y otros aspectos relacionados con el orden. En síntesis, una labor de inteligencia que podría originar violaciones a los derechos humanos en un país polarizado como el nuestro. Por otra parte, preocupa que en el contexto de creciente criminalización de la protesta promovida por el Ejecutivo Nacional uno de los ítems del diagnóstico a realizar sea la “situación del tránsito y orden público en general”. Provea observa con alerta esta transferencia de funciones policiales a los consejos comunales, una tarea que a nuestro juicio es totalmente ajena al trabajo comunitario.

Por otra parte, y en un sentido diferente, se encuentran las organizaciones populares que se han venido articulando para denunciar la inseguridad y sus temas conexos: el retardo procesal y los vicios del sistema judicial, la impunidad y la participación de funcionarios policiales y militares en delitos comunes y homicidios. Provea ha venido siguiendo con atención y entusiasmo la respuesta social que se ha venido fraguando en el estado Lara, una región con altos índices delictivos y cuya Policía Regional se ubicó como la segunda mayor violadora del derecho a la vida en el año 2008. El motor de todos los colectivos e iniciativas que se han venido articulando, y que realizaron el pasado 15 de mayo una emotiva cadena por la vida y contra la impunidad en Barquisimeto, es el Comité de Víctimas contra la Impunidad (CVCI). Esta organización nació en el año 2004 ante la imposibilidad de los familiares de las víctimas de contratar abogados para acceder al sistema de justicia, por lo que formaron un colectivo para realizar lo que se denomina uso alternativo del derecho: compartiendo y socializando información, estableciendo mecanismos de apoyo mutuo, presionando y denunciando tanto a los funcionarios involucrados como las irregularidades procesales. Su trabajo, paciente, constante y a contracorriente, ha motivado a que otros colectivos populares se organicen para demandar justicia, no solo en la capital larense sino en otras poblaciones del estado. Es así como en El Tocuyo y en Quibor, por citar dos casos, la comunidad ha superado el miedo y se ha movilizado de diferentes maneras (marchas, paros cívicos, etc) para exigir su derecho a vivir seguros y en paz. A nuestro juicio, este es el camino para relacionar participación y seguridad ciudadana. (Correo del Caroní, 27.06.09)