Actualmente en la ciudad de Caracas existe una polémica acerca del destino de una gran infraestructura, en el propio corazón de la urbe, destinado a un gran centro comercial. Tras el otorgamiento de la permisología y el desarrollo de las obras, que están a punto de concluirse, el primer mandatario ha expresado la necesidad de realizar su expropiación para evitar una serie de consecuencias que considera negativas para la colectividad. Sin embargo según encuestas difundidas por un medio de comunicación impreso nacional, cercano al primer mandatario, los vecinos y vecinas apoyan la apertura del mall. Los habitantes, a pesar del previsible congestionamiento del tráfico en la zona, realizan una lectura pragmática del hecho. Ante la ausencia de políticas públicas que garanticen la seguridad personal, así como el mantenimiento y alumbrado de calles y avenidas, apuestan a que sea la iniciativa del sector privado la que mejore colateralmente algunos aspectos de su calidad de vida. Tampoco hay que desdeñar el razonamiento vecinal acerca de la potencial revalorización que experimentarán los inmuebles aledaños, lo cual revertiría su depreciación tras años de visible deterioro dentro del casco central caraqueño.

Esta realidad ofrece diferentes lecturas. Una de ellas es que la opinión vecinal sería una lógica consecuencia del proceso privatizador del espacio público, una tendencia que si bien no es exclusiva de Venezuela, en nuestro país se ha desarrollado ampliamente debido a una serie de particularidades. En una población temerosa frente a la ciudad y, especialmente, de su espacio público, la respuesta ha sido desarrollar modalidades de socialización que privilegian los lugares cerrados y los enclaves como búsqueda de seguridad.

Esta discusión es pertinente y necesaria para promocionar acciones para garantizar el disfrute de los derechos humanos. La ciudad, entendida como el conjunto de espacios públicos a partir de los cuales se organiza la vida colectiva y donde existe una representación –simbólica y política en sentido amplio- de esa sociedad, permite y precondiciona la construcción de diferentes derechos como el de asociación, identidad y participación. Si por tanto concebimos a ese conjunto de espacios públicos, la ciudad, como el territorio que concentra la heterogeneidad social de grupos poblacionales grandes y densos, entonces coincidiremos que el derecho al espacio público se inscribe en el respeto a la existencia del otro y la otra al mismo espacio. En la ciudad se encuentran los diversos porque, como lo expresa Fernando Carrión, los iguales no tiene sentido que se encuentren. Por tanto, si la totalidad de la ciudad es espacio público uno de los derechos fundamentales en la ciudad es, disculpen la reiteración, el derecho al espacio público como derecho a la inclusión, contraparte del verbo combate a la pobreza.

Quito ha sido una ciudad que ha venido desarrollando una envidiable recuperación de su centro colonial para el disfrute de sus habitantes. Por ello no es casual que los académicos ecuatorianos, como Carrión, vengan desarrollando un interesante proceso de reflexión acerca de las relaciones entre ciudad, espacio público y derechos humanos. El profesor ha establecido que el espacio público cumple dos funciones dentro de la ciudad: le da sentido y forma a la vida colectiva y, en segundo lugar, es elemento de representación de la colectividad, mediante su apropiación y construcción simbólica.

Las tendencias globales han venido trastocando la manera en que se organizaban las ciudades. Carrión ha descrito como la plaza, organizadora de la ciudad, es un producto urbano en vías de extinción. Al perder funcionalidad, la plaza asiste a su progresiva desaparición. En la actualidad la ciudad se organiza desde lo privado, por lo que los espacios comunitarios se enfrentan a la lógica de la maximización de la ganancia, devenidas por tanto en “males necesarios” para cumplir con las normas del urbanismo.

En nuestro contexto, el refugio de las personas hacia cotos privados ha sido catalizado, además de la inseguridad y otras razones, por la aguda polarización promovida por diferentes actores políticos y estatales. Para que el espacio público opere como espacio para la pedagogía de lo diferente deben coincidir las múltiples voces, manifestaciones y expresiones de la ciudad –porque sólo es posible encontrar la heterogeneidad de la urbe en el espacio público- y hacerlo armónicamente en un ámbito de tolerancia y respeto. Pero, además, se requiere de una institucionalidad y políticas (urbanas, sociales) que procesen las diferencias y construyan la integración en ese contexto. Por eso, más ciudad es aquella que optimiza y multiplica las posibilidades de contacto de la población, es decir, aquella que tiene buenos espacios públicos.

Toda la argumentación anterior proviene de la conferencia “Espacio público: punto de partida para la alteridad” que Fernando Carrión compartió en la capital colombiana en el año 2007, cuando Bogotá fue designada Capital Iberoamericana de la Cultura. Hace más de una década dicha ciudad era sinónimo de violencia y marginalidad, una realidad que fue mutando hasta lo que es hoy debido a una visión y acción compartida por sus habitantes, a pesar de las diferencias políticas y la existencia de un conflicto armado. Por ello, en la discusión acerca del Sambil de La Candelaria, en Caracas, no son ajenas las consideraciones ideológicas, pero tampoco se reducen simplemente a ellas. La discusión de fondo, la importante y la que no se resuelve con consignas, es la calidad de vida de todos y todas sus habitantes, no sólo los de una parcialidad política o de un sector de la ciudad, y el acorralamiento de sus derechos debido a la ausencia de espacio público, hoy privatizados de facto y bajo el control de la inseguridad y el deterioro. (Correo del Caroní, 06.07.09)