El pasado 2 de junio Provea promovió un encuentro con diversos voceros de organizaciones sindicales de Caracas. Su objetivo era que diversas organizaciones de derechos humanos y sociales conocieran, de primera fuente, las preocupaciones y exigencias del sector. En segundo término, abrir un espacio para que las diversas fuerzas gremiales pudieran debatir, y en el mejor de los casos, diagnosticar problemáticas comunes y acordar estrategias comunes para enfrentarlas. La polarización política experimentada por el país en los últimos años ha profundizado la fragmentación existente en el mundo sindical. Por otra parte, la electoralización de la movilización social había colocado en un segundo lugar la propia agenda política sindicalista, que no es otra que luchar por garantizar los derechos laborales a sus afiliados y afiliadas. Este año, sin embargo, paulatinamente se ha invertido esta tendencia. Los medios de comunicación registran todos los días las movilizaciones por la reanudación de las discusiones sobre contratación colectiva, exigencias de estabilidad laboral o denuncias sobre irregularidades en las condiciones de trabajo. Según la investigación realizada conjuntamente entre Provea y Espacio Público, en los primeros cuatro meses del año se realizaron en todo el país 197 protestas por derechos laborales, constituyendo el 25,96% del total de manifestaciones, valga recalcar, el porcentaje registrado más amplio.

En este contexto se hacía necesario escuchar directamente a los principales actores de la conflictividad actual en el país. A la cita acudieron organizaciones de diversas tendencias, desde representantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Central Socialista de Trabajadores (CST), Unión Clasista de Trabajadores, Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (Ccura), Colectivo Socialista Revolucionario, Movimiento contra la Represión a las Luchas Obreras, Servicio Autónomo de Seguridad Agropecuaria (SASA), Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), Consejo Nacional Electoral (CNE), Metro de Caracas, Defensoría del Pueblo, Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade), Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). También participaron trabajadores del sector salud, representantes de la Embajada Británica en Venezuela y las organizaciones civiles Convite, Comité de Familiares Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Cáritas de Venezuela, Acción Solidaria, Unión Socialista de Izquierda (USI) y el periódico El Libertario.

La visión de Rodolfo Ascanio, representante de la CST, contribuyó a nutrir el debate. Su concepción defiende la politización del movimiento sindical el cual, a su juicio, debe tener posiciones ideológicas claras, las cuales considera que deben responder a los lineamientos socialistas que se implantan en el país. Explicó que para la consolidación del modelo socialista, “hay que revisar el movimiento gremial que se tiene debido a que actualmente es una corriente tradicional que no está acorde con la filosofía del país, porque se necesita un sindicalismo que trabaje para fortalecer el socialismo”. Además agregó que “en este nuevo plan de la nación, debe existir una escala proporcional de salarios para aminorar las diferencias entre los que ganan más y los que ganan menos”. Por último Ascanio rechazó las acusaciones de criminalización de la protesta que señalan al Ejecutivo como responsable. Al respecto rechazó que existiera una política de Estado de eliminación de los dirigentes sindicales. Este vocero reiteró que las contradicciones y omisiones son parte del proceso de transición que Venezuela está experimentando en su camino hacia el socialismo.

Esta intervención fue discutida por Miguel Angel Hernández, representante de USI. Según su juicio las principales tendencias evidenciadas por el gobierno del presidente Chávez poco tienen que ver con el socialismo, y más con otras experiencias populistas vividas en el continente. Si bien la discusión se realizó de manera vigorosa y tuvo momentos álgidos, nunca dejó de ser respetuosa lo que de por sí fue un saldo positivo.

Greeys Centeno llevó la discusión al terreno de las conflictividades concretas. Como vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores del SASA relató su experiencia en la denuncia del despido indirecto a más de 2.000 trabajadores y trabajadoras que significó la supresión de la institución. Explicó que no fueron avisados de los cambios organizacionales que se aproximaban, no recibieron liquidación ni jubilación por los años de servicio en el organismo y sus sueldos y salarios fueron suspendidos.

Por su parte Johan Rivas, trabajador del Hospital de El Algodonal describió la dramática situación del sector salud. Según su relato los trabajadores contratados forman el grueso de la masa laboral en el centro hospitalario, los cuales tienen meses sin el cobro de cestatickets y horas extras, mientras que su salario es cancelado en condiciones irregulares. Orlando Chirino, de Ccura, detalló lo que considera la “política antiobrera y antisindical” promovida por el gobierno, lo cual explicaría las pocas posibilidades de diálogo con los representantes laborales oficiales.

Provea coincidió con el Movimiento contra la Represión a las Luchas Obreras en desarrollar una campaña para exigir el fin del sicariato contra los trabajadores, exigir investigación y castigo a los responsables y denunciar la criminalización de la protesta, que ha incluido la modalidad del uso de tribunales ordinarios mediante regímenes de presentación. Sin duda son muchos los temas en los cuales se puede concertar acciones conjuntas, y es posible un diálogo vigoroso y cordial entre las diferentes concepciones que animan a la masa laboral. Es aquí cuando es pertinente recordar aquella frase de la Internacional que afirmaba que la liberación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores. Pero esta noción presupone la acción inclusiva de todos los sectores. Si alguna consecuencia positiva podría tener la crisis económica sería la unión y coordinación, despolarizada, de los diferentes sectores en lucha en el país para la exigencia de sus derechos. (Correo del Caroní, 08.06.09)