Rafael Uzcátegui

El disfrute de los derechos sociales presupone la libertad de expresión e información. Ante la deficiencia de las políticas públicas estatales en las diferentes áreas, las comunidades y grupos populares realizan diferentes acciones de presión y exigibilidad. Bloqueos de calle, ocupaciones de tierras e inmuebles, huelgas laborales y el resto de las diferentes modalidades de protesta tienen como único objetivo lograr que las autoridades competentes den respuesta a los diferentes reclamos. Y estas acciones aumentan su posibilidad de alcanzar sus objetivos si sensibilizan al resto de la población acerca de las problemáticas que las originan. Tradicionalmente los activistas de base han informado a sus pares de sus exigencias a través de volantes, pintas en las paredes, publicaciones del propio movimiento o a través de diferentes medios comunitarios y alternativos. Sin embargo, su discurso se difunde intensivamente si es registrado por un medio masivo de comunicación, cuya amplificación e impacto genera una mayor rapidez en la contestación de los funcionarios públicos de los cuales se alerta sobre su ineficacia.

El artículo 58 de la Constitución establece el derecho a la libre expresión e información. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz, imparcial y sin censura, así como a la réplica y rectificación cuando la misma sea afectada por datos inexactos o agraviantes. De esta manera cualquier habitante de nuestro país tiene el libre albedrío para acudir a un medio de comunicación para denunciar la violación de sus derechos, y, especialmente en los medios de comunicación públicos, que su denuncia sea difundida al resto de la población.

Sin embargo, la intensa polarización política experimentada por los venezolanos y venezolanas ha levantado diferentes represas para el disfrute del derecho a la libertad de expresión e información. Si bien tienen fundamento los diferentes señalamientos acerca de la amplificación de informaciones tendenciosas y sesgadas realizadas a los medios privados, así como la transmisión de mensajes lesivos a la dignidad de las personas, las irregularidades en el ejercicio periodístico no son de su exclusivo patrimonio. Los diferentes medios estatales incurren en las mismas perversiones, con el agravante de que están obligados a respetar los derechos consagrados en la Constitución. Por ello si bien el ejecutivo está facultado para normar y supervisar la actuación de los medios no estatales, su propia práctica informativa deslegitima su cuestionamiento a otros actores de los vicios en los que él mismo incurre cotidianamente.

Este contexto, en el cual la información es un arma usada contra los opuestos, reduce las posibilidades de la ciudadanía para informarse de manera oportuna, veraz e imparcial, tal como lo expresa la carta magna. Asimismo, limita el derecho a la manifestación, coartando que los funcionarios públicos, y el resto de la población, conozcan las demandas y exigencias de quienes se movilizan. Esto último es especialmente válido para los medios oficiales, quienes progresivamente han asumido la línea editorial de no transmitir las protestas de quienes exigen sus derechos sociales.

En Provea acompañamos a diferentes comunidades en lucha por restituir sus derechos vulnerados, especialmente en materia laboral, salud y vivienda. Ante la moratoria de las soluciones a sus demandas han agotado, pacientemente, los canales institucionales para remediar su situación. Y ante la persistencia de la violación a sus derechos, han organizado protestas y manifestaciones en las puertas de los ministerios. La gran mayoría de estos colectivos expresan su simpatía con el proyecto político del presidente Chávez, por cuya afinidad han convocado a los diferentes medios estatales. Lo paradójico es que, por lo general, no han tenido cobertura informativa pública de sus movilizaciones. Este abandono los ha obligado, literalmente, a llamar a los medios privados, quienes dedican importantes espacios a transmitir las declaraciones de los y las afectadas. Estas ausencias, que no son menores, son compensadas en los estatales con una excesiva ideologización, con la descalificación personal y adjetivación gratuita de quienes no comparten el proyecto político del gobierno, así como con la transmisión de programas de opinión que ofenden la dignidad humana, promueven la vulneración de los derechos humanos y violan permanentemente las garantías presentes en la Constitución. Espacios televisados como “La Hojilla” o “Los papeles de Mandinga”, a pesar de las solicitudes realizadas, incluso por propios funcionarios públicos, desconocen el derecho a la réplica y rectificación plasmados en la normativa constitucional.

No hay que teorizar demasiado sino remitirse a los ejemplos para conocer las consecuencias de esta situación para los derechos sociales. Tras el despido masivo que dejó sin trabajo a 2.000 trabajadores del Consorcio Vincler Sodinsa (SVS), contratista de Pdvsa en Anaco, un grupo de los afectados realizó una protesta en Caracas el pasado 20-04-09, en la que cinco trabajadores fueron detenidos, mientras un grupo de 20 comenzó una huelga de hambre en Plaza Caracas. Los trabajadores intentaron infructuosamente dar a conocer su problemática a través del Canal 8, mientras el equipo reporteril del Canal 33 era agredido por presuntos funcionarios del Ministerio del Trabajo. Si las voces de estos obreros hubieran sido comunicadas por el canal del Estado se hubieran incrementado las posibilidades de alcanzar la pronta recuperación de su estabilidad laboral. Sin embargo la falta de visibilidad ha permitido, entre otras causas, que la situación de orfandad de estos trabajadores se mantenga hasta el día en que este texto se escribe. (Correo del Caroní, 24.05.09)