Al acercarse a los diez años de gobierno, el discurso nacionalista de izquierda del presidente Chávez ha orientado la intención de realizar cambios estructurales en el país, gobernando de manera diferente al pasado y el deseo de realizar cambios en la producción y distribución de la riqueza. Sin embargo, el período político inaugurado con el llamado «proceso bolivariano» resiste esquematismos fáciles, reflejando una gran complejidad que, para el tema que nos convoca, la vigencia en la última década de los derechos humanos en Venezuela, ha abonado un terreno tan propicio como adverso para su satisfacción en amplios sectores de la población.

El proyecto político gubernamental ha sido denominado como «Socialismo del siglo XXI», no obstante, hasta la fecha, su implementación no ha significado ni una significativa mejora en la calidad de vida ni ha logrado garantizar más y mejor democracia. Por otra parte, el contenido de ese modelo continúa siendo incierto, por lo que algunos sectores se han interrogado sobre sus diferencias o semejanzas con las experiencias del llamado «socialismo real», el cual tras la caída del Muro de Berlín reveló múltiples abusos de poder y la intención de controlar a la sociedad de manera totalitaria por parte del Estado y su cúpula gobernante. Aún cuando tras una década de gobierno se constatan mejoras en la satisfacción de algunos derechos sociales, un análisis global indica que las violaciones a los derechos humanos son constantes, y en algunos aspectos reflejan políticas públicas y sistemáticas regresivas en la materia. Por ello, las preocupaciones sobre una posible repetición de un socialismo autoritario parecen justificarse ante los múltiples casos de discriminación por razones políticas, la intolerancia frente a la disidencia y la criminalización de la crítica y la protesta social, así como por la alta concentración de poder en el Ejecutivo Nacional, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y la progresiva militarización de la sociedad. Si bien el discurso dominante reivindica la participación y el protagonismo de los sectores históricamente excluidos, ello no se ha traducido en expresiones de ejercicio democrático e inclusivo que facilite a los habitantes un protagonismo efectivo en el proceso de toma de decisiones. Al realizar un análisis pormenorizado de cada una de las situaciones se descubre que el empoderamiento de las clases populares ha sido más simbólico que real.
Ineficacia, burocracia y corrupción
La alocución de un reelecto presidente Chávez, la noche del 03.12.06, admitía que su obra de gobierno había sido afectada por tres grandes males: la ineficiencia, la corrupción y la burocracia. No obstante, se ha logrado poco en revertir estas situaciones. La ineficacia en la ejecución de las políticas, planes y proyectos por parte de las instituciones estatales, la descoordinación de los distintos entes y órganos del Estado, así como la improvisación en la manera de asumir los asuntos públicos han generado malestar en la población. La fragilidad institucional se ha acentuado con la permanente rotación de funcionarios en los altos cargos de la administración gubernamental. La incorporación de amplios derechos sociales en la Constitución, así como la creación de diferentes normativas para su implementación, adecuadas a los estándares internacionales, se ha visto neutralizada por la ausencia de planificación, poca capacitación técnica e ineficacia en la ejecución de las políticas. La permanencia en el tiempo de las «misiones» depende más de los altos ingresos petroleros que de una visión institucional, coordinada y compartida, que las hagan viables en el futuro. Los múltiples casos de corrupción denunciados se han favorecido de los múltiples obstáculos que deben sortear quienes desean realizar una efectiva contraloría social. A pesar del discurso a favor de la participación comunitaria en el control de los recursos públicos, se han adoptado diferentes medidas y prácticas que impiden o dificultan tal labor. Los diferentes ministerios no responden oportunamente a las peticiones de información realizadas por la ciudadanía, y sus sitios webs reflejan información parcial y desactualizada.
Disminución de la pobreza y renta petrolera
Las políticas y medidas gubernamentales orientadas a favorecer a los sectores excluidos de la población se han visto favorecidas por un contexto de altos ingresos petroleros y una agresiva política tributaria de recaudación fiscal. Según las cifras oficiales, la pobreza para el año 2007 se ubicaba en un 28,8% de la población, mientras que la pobreza extrema se estimaba en un 7,8%. La reducción de la pobreza muestra una situación de progresividad en el campo de los derechos sociales. Diferentes estudios, tanto del sector público como privado, coinciden en que los sectores más pobres han incrementado su capacidad de consumo. De nuevo se repite la paradoja: la mejoría de los ingresos no ha ocasionado una elevación significativa de la calidad de vida de la gente. Los problemas que afectan la cotidianidad de los venezolanos y venezolanas continúan sin resolverse. La Misión Barrio Adentro se ha convertido en un sistema paralelo, y por tanto de una universalidad insuficiente, a la red nacional de hospitales y centros asistenciales del país. El promedio anual de construcción de viviendas, en los últimos 10 años, se ubica en 26.000 unidades, lo cual contrasta con la cifra de 66.000 perteneciente a la década anterior. El sector informal de la economía, a pesar de un ligero descenso a través de los años, aún emplea al 44% de la fuerza de trabajo, mientras que las formas asociativas promovidas por el Ejecutivo Nacional, como lo refleja la cantidad de denuncias al respecto, han sido un eufemismo de la precarización de las condiciones de trabajo de la población. La inseguridad personal, por su parte, se ha convertido en el principal problema de los habitantes de los principales centros urbanos, en niveles que atraviesan transversalmente todos los derechos sociales e impiden y dificultad su satisfacción por parte de las amplias mayorías. El calado y extensión de la inseguridad personal refleja una profundización de la deuda social acumulada en los últimos años, así como una fractura en los valores colectivos y en los mecanismos democráticos, inclusivos y solidarios de la disminución de las desigualdades, exactamente lo contrario de los deseos socialistas del gobierno del presidente Chávez.

Criminalización de la protesta
Durante la gestión del gobierno bolivariano se ha observado un paulatino incremento de la represión a la manifestación pacífica y el uso de los órganos de administración de justicia para llevar a tribunales penales a quienes protestan. Las medidas no sólo han afectado a quienes han expresado su oposición política al actual ejecutivo nacional, sino también a diferentes líderes sociales identificados con el proceso bolivariano que han realizado manifestaciones para el reclamo de sus derechos. En medio de este marco de violaciones a derechos civiles y políticos, el gobierno ha realizado una sistemática campaña de descalificación al sistema internacional de protección de los derechos humanos, así como la desautorización de las organizaciones que acuden a dichas instancias.

(Colaboración para la revista SIC, octubre 2008)