El monitoreo anual realizado por Provea, la organización con 19 años de trabajo en Venezuela, acerca de la situación del derecho a la vivienda en el país, reveló en el 2007 una triste realidad: las organizaciones comunitarias, comenzaban a ser señaladas como“cómplices” de las irregularidades en las políticas públicas en el sector. De las 44 denuncias detectadas a nivel nacional en el programa de Sustitución de Rancho por Vivienda (Suvi), 31 casos apuntaban a un Consejo Comunal, Cooperativa o Comité de Tierra Urbana como responsable por presuntos actos de corrupción, uso de materiales de mala calidad, deficiente construcción y acabado de las casas, así como de paralización parcial o total de las obras.

En el año 2005, entró en vigencia la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH). Entre sus principales instrumentos se encontraban los planes de vivienda comunitarios, estimulando explícitamente la participación de los beneficiarios y las comunidades. Uno de los primeros proyectos adelantados, para concretar el hipotético compromiso de las comunidades, fue el Programa Suvi. En un primer momento, fue desarrollado por la Misión Vuelvan Caras. Ante la vertiginosa efervescencia y eclosión de la política de capacitación de lanceras y lanceros, el programa es transferido a las cooperativas de construcción de viviendas, las cuales deben ser avaladas por los Consejos Comunales. A pesar de que su diseño contemplaba la sustitución de casas en condiciones precarias por viviendas dignas en un plazo de 4 meses, rápidamente la ejecución del Programa Suvi, mostró un retraso similar al resto de las políticas habitacionales. En su primer año de ejecución (2006), la Memoria y Cuenta del Minvih estableció que apenas se había cumplido el 38% de la planificación inicial, sustituyendo 15.721 viviendas. Un año después se reduce la meta casi a la mitad, cumpliéndose en un 51%, o sea para 13.292 casas. Hay que recordar que el déficit habitacional en Venezuela es de casi 3 millones de viviendas.

 

El programa Suvi, como la totalidad de las políticas del Minvih, hace énfasis en alcanzar altas cifras de cesión de recursos –posible por los mayores ingresos petroleros en los últimos 30 años- , que luego puedan ser capitalizadas en la política comunicacional gubernamental. Los funcionarios anunciaron que se priorizaría la entrega de subsidios a las organizaciones comunitarias, sin prever que después de la entrega de los cheques debían establecer mecanismos de supervisión, capacitación y acompañamiento técnico de las cooperativas. El previsible resultado fue que se potenció y “democratizó” la tradicional corrupción presente en el sector. Decenas de cooperativas fantasmas se crearon atropelladamente para acceder a los recursos, incluso promovidas por familiares y allegados a los funcionarios y funcionarias del propio Minvih. En otros casos, el dinero otorgado corrompió y dividió a las organizaciones de base, las cuales a su particular escala comenzaron a repetir los vicios de las instituciones. Beneficiarios y beneficiarias del programa denunciaban haber sido obligados a convertirse en damnificados: tras haberles sido demolidas sus viviendas y ante el retraso o paralización de la obra tenían que levantar un nuevo rancho, invadir otros terrenos o tomar su propia casa para habitarla a medio construir. En Mariara, estado Carabobo, ocurrió un caso entre el surrealismo y el realismo mágico: las casas entregadas por el Suvi eran inhabitables. Pocetas y lavamanos de adorno sin tuberías ni desagues; puertas que si abrían por fuera no podían cerrarse por dentro; marcos de puertas y ventanas descuadradas; grifos y tomacorrientes de ubicación inaccesible. “A nuestro parecer mejor vivíamos en nuestros ranchos”, declararon sus atónitos beneficiarios.

 

La incorporación de la “corresponsabilidad” entre el Estado y los ciudadanos para la satisfacción de las necesidades básicas, fue uno de los promocionados “avances” de la Constitución de 1999. Sin embargo, la realidad permanece ajena a cualquier lirismo. El Estado, incapaz de satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes, hace cómplices a las comunidades en la gestión de la miseria generalizada. Los entusiastas del “empoderamiento popular”, no detectaron en la estratagema la lógica empresarial del asunto: repartes acciones, conviertes en socios minoritarios a los empleados y los haces copartícipes de las pérdidas totales de la compañía.

Por otra parte, los resultados dicen bastante sobre la intención de corporativizar la participación desde arriba y decretar las formas de organización de los de abajo. Sin un proceso generado, peleado y sentido desde el tejido social, en medio de un contexto polarizado, la conclusión es menos una modalidad emancipatoria que una oveja Dolly, un clon a escala molecular de las perversiones de los poderes institucionales establecidos.